Revolcón de Estado, una reforma lograda pero cuestionada

Para el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos el 2011 fue el año de los cambios al interior del Estado. Con la creación de nuevas entidades, la supresión de otras y los cambios en la nómina, el mandatario espera hacer del Estado un aparato moderno, eficiente y transparente, pero las dudas frente a si esto mejorará su capacidad de gestión no se han hecho esperar.
Para Enrique Serrano, el intento de sofisticar el aparato estatal ha implicado la ampliación del mismo, lo que podría ser peligroso porque en un “Estado más grande siempre resulta más riesgoso salirse de curso, es decir, reformar una inmensa burocracia más o menos parásita”.
Por su parte, el exzar Anticorrupción Óscar Ortiz aseguró que está claro el propósito que tiene el Gobierno con esta reforma, sin embargo, esto podría tener problemas de coordinación por la cantidad de entidades que hay y el incremento de personal.
“Al haber tantas entidades puede que haya un efecto de dificultades a la hora de coordinar, ese es el riesgo que hay en la reforma, eso  puede impactar en la transparencia y la eficacia”, manifestó Ortiz.
Señaló también que en materia de transparencia, fuera de la reforma, hay mucho trabajo que hacer y se espera que el Estatuto Anticorrupción logre ese propósito. “En esa materia de transparencia hay un camino largo por recorrer que todavía no está recogido en esta reforma”, señaló. 
Además, el exzar dijo que es evidente que hay un crecimiento en el gasto público y en la nómina estatal “que se podrían ver compensados si se logra el objetivo de eficiencia y eficacia, eso lo darán los resultados, lo que se quiere es mejorar el Estado al servicio del ciudadano”.
Mientras que para el director del programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción, Oscar Prado, “no hay incremento de la burocracia porque se ha trabajado con la misma planta de cargos y no hay un incremento sustancial del recurso humano”; aseguró que “no se va a perjudicar el erario con nuevos cargos en el desarrollo administrativo”.
Para Serrano y Ortiz este proceso debe ir acompañado de una supervisión “minuciosa, una especie de veeduría ciudadana y politológica a las razones por las que Santos dice que es necesaria esta reforma”.
Ortiz señaló que el Estado siempre será reformable, “la cuestión es si ese tipo de reforma es el que exactamente se necesita para funcionar mejor. Eso nadie lo sabe”.

¿CUÁNTO CUESTA? 
La reforma al Estado tendrá un costo aproximado de 300 mil millones de pesos anuales que según el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, “no es exagerada” si se tiene en cuenta el tamaño y las problemáticas que enfrenta el país.
El Ministro explicó que el crecimiento del Estado es inevitable en un país que es el único que “en América Latina está librando una guerra, nadie tiene víctimas ni desplazados. Queremos cambiar eso y queremos acabar con la pobreza y eso implica un sistema masivo de atención a la pobreza”.
Echeverri dijo que aunque se le tache de “fiscalista” buscará siempre que haya “ahorro y equilibrio, pero haciendo eso, hay que crear un estado eficaz y eficiente que priorice bien, que le llegue a la gente, que cueste poco y que produzca mucho”.

EL REVOLCÓN
Varias preocupaciones surgieron del llamado revolcón del Estado desde que en marzo el Congreso le otorgó las facultades al Gobierno para realizar las reformas.
También se habló de una posible ‘masacre fiscal’ que dejaría cientos de desempleados de las dos entidades liquidadas: el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- y la Dirección Nacional de Estupefacientes –DNE-. Pero de inmediato, el Gobierno se comprometió a reintegrar laboralmente a quienes salieran de dichos lugares. 
No obstante, el Gobierno ha dicho que existirá un pequeño porcentaje de trabajadores que quedarán desempleados, a los cuales les garantizará el respeto a los derechos que tienen de ser liquidados como lo dicta la Ley.
Fueron más de 80 decretos los que reformaron, desaparecieron y crearon nuevas entidades, los cuales quedaron firmados en una maratónica jornada por el Presidente de la República.
En el caso del DAS, las funciones que cumplía fueron entregadas a otras dependencias del Estado, de tal manera que el tema de migraciones y extranjería, por ejemplo,  pasó a ser una función de la Cancillería.
En el caso de la DNE su función de hacer cumplir la política antidroga quedó a cargo del Ministerio del Interior, mientras que la administración de bienes incautados a la mafia fue trasladada al Ministerio de Hacienda.

NUEVAS AGENCIAS
Este Gobierno decidió crear varias agencias que se encarguen de temas específicos en diferentes sectores como el de minería, infraestructura, defensa, entre otros.
La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, reemplazará al Instituto Nacional de Concesiones (Inco), allí trabajarán cerca de 300 personas y estará dirigida por Luis Fernando Andrade Moreno.
La Agencia Nacional de Minería será la encargada de otorgar los títulos de concesión minera y además los fiscalizará, mientras que el Servicio Geológico Colombiano realizará labores de investigación geológica, reemplazando ambas entidades al Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas.
La Agencia de Inteligencia del Estado será una entidad perteneciente a la Presidencia de la República y estará a cargo del almirante Álvaro Echandía, excomandante de la Armada. Esta agencia fue creada para asumir las funciones de inteligencia y contrainteligencia que tenía el DAS.
La Agencia de Defensa Jurídica fue creada para defender al Estado de las billonarias demandas que enfrenta, no acogerá la totalidad de los casos adelantados sino que escogerá los casos de mayor importancia y los casos adelantados por organismos internacionales.

MINISTERIOS
El Ministerio del Interior y de Justicia se dividió. El primero de ellos ya está siendo dirigido por el ministro Germán Vargas Lleras y el segundo por Juan Carlos Esquerra. 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se dividió en dos carteras: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que quedó a cargo de Frank Pearl, y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que continúa dirigiendo Beatriz Uribe.
El Ministerio de la Protección Social también se dividió en dos carteras: Ministerio de Salud, al frente de Mauricio Santamaría, y el Ministerio de Trabajo con Rafael Pardo.