“Se ha hecho mucha demagogia con el Acuerdo”: Victoria Sandino

Este 2021 se cumplen cinco años desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y la exguerrilla de las Farc, la cual en 2017 pasó a ser partido político y en 2018 comenzó su actividad legislativa al recibir cinco escaños tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de la República.

Sin embargo no todo ha sido como se visionó inicialmente. A fecha de hoy, 253 firmantes de la paz que estaban en procesos de reincorporación han sido asesinados, y el temor aún persiste en muchas comunidades.

El Universal conversó sobre este tema con Victoria Sandino, una de las congresistas del Partido Farc, quien se refirió a cómo ha sido el trabajo en todos estos años y lo que esperan para que haya un cumplimiento integral del Acuerdo.

Lamentablemente esa es una realidad tremendamente adversa y compleja. Frente al tema de la paz en Colombia, el Acuerdo no solo fue distorsionado por este Gobierno sino que ha habido una simulación, porque simulan cumplir el Acuerdo, pero en la práctica no se ha hecho. Por el contrario, garantías o niveles de seguridad que habían logrado los líderes sociales y la sociedad colombiana se han perdido. Por esto, incluso hemos planteado que estos cuatro años se consideren como ‘años muertos’ en la implementación. El cumplimiento está pactado para 10 años en lo que tiene que ver con la reforma rural integral, en la que no se ha adelantado absolutamente nada, y 15 años para el resto de puntos, en 2022 vendrá otro Gobierno diciendo que ya pasaron seis años de cumplimiento y no ha sido así. Lo que queremos es que el presidente que llegue venga de un gran acuerdo nacional para la paz, que se comprometa con los recursos y la implementación efectiva del Acuerdo.

Tener más de 250 asesinatos en cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz es un muy mal síntoma. Esto implica una falta de garantías absoluta para trabajar por la paz para quienes estamos comprometidos con la implementación.

Por otra parte, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) de las comunidades más afectadas por la violencia y el conflicto, tuvieron un avance inicial hasta donde fue posible pero hoy en día no están disponibles los recursos para hacer efectiva su implementación. De hecho, nada más en los Montes de María, están hablando de acueductos y vías, pero ese no es el carácter exclusivo de los PDET porque ellos encierran un aspecto integral de la situación económica y social de los territorios.

Reclamamos un acompañamiento integral porque este Gobierno ha hecho mucha demagogia con el Acuerdo, dice que está cumpliendo pero en la práctica no es así, además no destinan los recursos. En 2018, durante la construcción del Plan de Desarrollo, uno de los aspectos que insistimos que se incorporara era el de un presupuesto específico para estos cuatro años en materia de paz, pero el Gobierno cambió, ahora no es ‘el Acuerdo de Paz’ sino ‘Paz con Legalidad’, pero ¿cuál es esa legalidad? ¿La legalidad para asesinar a la gente y que no pase nada? ¿La legalidad para el exterminio de un movimiento político y firmantes del Acuerdo de paz? ¿Legalidad para no cumplirle a la gente en la esperanza que tenía de vivir en sus territorios? Hoy hay proliferación de grupos armados de toda índole sin una acción específica por parte del Estado.

Nosotros condenamos esos hechos pero no nos podemos quedar en la lamentación, por eso le pedimos al Gobierno que cumpla con lo pactado. Hay unos mecanismos y unas rutas que deben ser puestas en marcha, está la Unidad Especial, que precisamente el partido de Gobierno se opuso a que esa unidad de desmantelamiento de grupos sucesores del paramilitarismo fuera una unidad especial independiente de la Fiscalía, y resulta que lo que ha ocurrido con el fiscal que tuvimos antes y el actual, es que no tienen interés en hacer ningún tipo de investigaciones con este tipo de grupos, y los resultados que tenemos es que hay una proliferación de paramilitarismo con los grupos que se hacen llamar disidencias y la excusa que tiene el Gobierno es que son estos grupos los que asesinan, pero si el Estado no tiene la capacidad de actuar entonces ¿quién debe hacerlo?

Estas medidas deben ponerse en marcha y hay que hacer un gran pacto nacional para que todos se comprometan en sacar las armas del ejercicio de la política y esto no ha sido posible, por el contrario, el partido de Gobierno y altos funcionarios se han encargado de una estigmatización sistémica de los firmantes del Acuerdo de paz, en contra de los defensores de los derechos humanos, y de los líderes sociales. Eso se pone en la mente de la gente y entonces cualquier grupo comete el acto porque siente que tiene licencia para hacerlo, entonces es muy preocupante.

Yo quisiera pensar que sí. Este Gobierno debe tener sensatez y sindéresis con la paz y con las exigencias de Colombia. También, que los llamados de la comunidad internacional sean realmente atendidos por el Gobierno, porque hablan del cumplimiento del Acuerdo porque saben que a nivel internacional pueden ser aislados, pero en la realidad nacional eso no ve.

El problema es que en este último año, con la excusa de la pandemia han inmovilizado a los movimientos sociales, las marchas y las grandes movilizaciones, pero vamos a tener que seguir convocando para exigir compromisos y cumplimiento de la paz porque no hay de otra.

No. Venimos justamente teniendo unos debates internos sobre eso pero de cara a las elecciones nuestro llamado realmente es a que se conforme un gobierno de coalición, democrático, que plantee un compromiso estricto por el Acuerdo de Paz y que la busque, no solo la pactad sino también con los demás grupos que están en armas porque creemos que debe haber una salida política.

Ese es nuestro compromiso, más bien buscar esa representación real, democrática y comprometida. No tiene sentido que lancemos candidato porque no tenemos la fuerza y lo reconocemos, la estigmatización ha sido fuerte pero seguiremos trabajando por la paz.

Es cierto que hay un avance a nivel normativo, hay una serie de leyes que buscan la protección de las mujeres y vamos a seguir trabajando porque otras se cumplan y se constituyan, pero la mayoría de las leyes no se aplican realmente porque no hay una política pública que verdaderamente trabaje por la prevención de las violencias para las mujeres y por eso es que vemos el aumento de los feminicidios, de los asesinatos a firmantes de la paz que son mujeres y niñas, en ese sentido creo que no se ha avanzado.

Hace falta la política pública clara y no solo se trata de penas sino de, por ejemplo, tener una jurisdicción especial de género donde se trate con toda la rigurosidad los feminicidios, algo que también está atravesado por el tema cultural porque mientras no ataquemos lo cultural del machismo y del patriarcado, a las mujeres se les seguirá justificando los asesinatos.

Hay unos mecanismos para el cumplimiento y uno de esos es la Comisión de Impulso, Seguimiento y Verificación al Acuerdo de Paz, resulta que esta comisión se reúne nominalmente pero la ministra no va, por lo que no hay un compromiso real de parte del Gobierno. Se requiere mayor acción, nosotros no somos el Estado ni tenemos los recursos para hacer cumplir el Acuerdo así que nuestra labor está dirigida es a mantener a la gente, cosa difícil porque queríamos era proyectos colectivos a través de los cuales se otorgaran tierras para que los firmantes pudieran quedarse en sus territorios trabajando por la paz, pero lo que se ha hecho es dispersarnos y eso ha sido un mayor foco de riesgo porque ahora nos están matando.

Igualmente seguimos trabajando porque el Acuerdo se implemente integralmente y se dé la reincorporación social y económica.