La decisión anunciada por el alcalde Dionisio Vélez y su directora de Valorización, Cecilia Bermúdez Sagre, de anular y suspender los trabajos de ampliación y profundización de canales contemplados en el Plan Maestro de Drenajes Pluviales, (PMDP), en la cuenca del Canal Ricaurte (de 13 kilómetros), generó una polémica con posiciones a favor y en contra entre concejales y la exdirectora de Valorización en el periodo del exalcalde encargado Carlos Otero.
Los contratos
El caso se refiere a los contratos de construcción del Canal San Pedro y box culvert de El Socorro, La Plazuela, hasta la transversal 54 por $4.870 millones, con la firma KMA Constructores. La construcción del Canal de El Socorro y box culvert vehiculares por $5.021 millones, con la firma Carlos Bengal. Un tercer contrato de construcción del Canal de El Pilón y box culvert por $4.669 millones, con el Consorcio Obras 2013, y por último la construcción de dos box culvert y Canal de La Plazuela y Jorge Artel por valor de $4.171 millones, con la firma Gama.
“Diseños sí existen”
Clara Calderón , exdirectora de Valorización, dijo que los contratos no están revocados. “Están vigentes, no como dice la directora de Valorización, Cecilia Bermúdez”.
“Acepto que hay que revisar o que la decisión la tome un juez, pero hablando técnica y jurídicamente la administración anterior de Carlos Otero, hizo cuatro licitaciones, soportadas en diseños respectivos, incluidos los de ingeniería de detalle, que aquí están”, agregó, mostrando un paquete de planos que la exfuncionaria trajo a esta redacción.
“La planificación está basada en el Plan Maestro de Drenajes Pluviales del Distrito, que fue un contrato que se hizo en 2006, con todas las líneas gruesas del sistema drenajes de la ciudad, yo no podía contrariar lo adelantado y ordenado por las administraciones anteriores”, sostiene Calderón.
La funcionaria aduce que después de la administración de Judith Pinedo, se contrataron con la Universidad de Cartagena, los diseños del Canal Ricaurte, y otros diseños de la firma Hidroconstructores para el Canal El Pilón que desemboca en el Ricaurte.
“De estos dos tramos, salieron estas 4 licitaciones, con sus diseños, soportes hidrológicos, geológicos; y si eso existía, se podía hacer la licitación pública, contrario a lo dicho por la directora Cecilia Bermúdez Sagre”, asegura.
Dijo que todas las actuaciones se hicieron ajustadas a la ley.
“Yo vengo defender lo que hicimos en la administración de Carlos Otero, y pienso que las decisiones tienen que ser más técnicas y jurídicas, y no políticas”.
Dijo que en su paso por Valorización, en un año y seis meses, mostró resultados buenos en obras que estaban paralizadas de anteriores administraciones”
“Recibimos cuatro propuestas bajo la figura de las Asociaciones Público Privadas (APP), ajustadas a la ley 1508. No se puede hablar de un modelo tipo Nule, como dice el concejal Pastor Jaramillo porque aquí técnicamente hemos cumplido”.
Apoyan decisión
Para los concejales Andrés Betancourt y Pastor Jaramillo, la decisión del alcalde Vélez de suspender los contratos es acertada.
“Genera una transformación político administrativo; de coraje porque se atrevió a no dejar que las cosas sigan como están, a pesar del riesgo personal, jurídico y administrativo”, dice Betancourt quien reconoce que ante una demanda de los contratistas el Distrito podría perder.
“Pero si seguimos adelante con este tipo de contratos, sabemos cuál es el fin, pero no cuál es el final”.
“Sabemos por la directora Cecilia Bermúdez que Clara Calderón no le había entregado el cargo.”, agregó.
Citó que durante la administración de Calderón, se ejecutaron $1.556 millones en mantenimiento de canales y reiteró que los 4 contratos a revocar “ninguno tiene ni diseños ni planos publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), que es lo único legal”.
“Aquí sí existe una falta disciplinaria por parte de quienes abrieron la licitación y la adjudicaron lo que se convierte en un delito penal, por la violación al principio de planeación”, agrega Betancourt.
El concejal consideró que cuando la Administración anterior (de Carlos Otero) habla de que sí existieron unos estudios que venían desde 2009 “se trata de estudios conceptuales”.
Se pregunta “¿por qué el contratista no empezó, desde abril ejecutar las obras, porque no tenía los diseños definitivos sino conceptuales”, dijo Betancourt.
Betancourt denuncia que sumado a esto se firmó un convenio interadministrativo con Edurbe, por $3.360 millones para hacer remodelaciones y construcciones en canales pasando por alto la ley 80 y adjudicando un contrato de manera directa.
Según el concejal esa inversión desarticulada le puede generar un detrimento patrimonial al Distrito.
Otro argumento que soporta la suspensión de los contratos según los concejales Jaramillo y Betancourt está en que de cinco propuestas bajo la figura de la Alianza Público Privada APP y que entraron a prefactibilidad, la que tiene que ver con los drenajes pluviales, no fue firmada por el jurídico Jorge Rodríguez, durante la administración de Otero.
Según los concejales, un contratista (KMA Menzel Amín)ya decidió unirse al Gobierno en la decisión de suspensión de los contratos.
Desde abril no han empezado por falta de diseños.
“El 7 de septiembre de 2012, José Miguel Rincón Vargas, asesor del Viceministerio de Aguas y Saneamiento básico le responde a Clara Calderón, demostrando todas las falencias en las propuestas”, dijo Jaramillo.
“Pero con esos diseños de 2009, se fueron a buscar $65 mil millones, para las obras del Ricaurte y Pilón”, agregó.
Jaramillo sostuvo que “se violó el principio de economía procesal, principio de legalidad y de maduración de los proyectos”.
Comentarios ()