Política


William Dau condiciona firma del contrato de protección costera

El alcalde de Cartagena no firmará este contrato en caso de que el consorcio que termine seleccionado, esté integrado por empresas con investigaciones.

REDACCIÓN POLÍTICA

18 de febrero de 2021 12:00 AM

Aunque mucho se ha esperado el proyecto de protección costera en la ciudad, que evitará la erosión en el litoral y buscará luchar contra los efectos del cambio climático, se avizora un posible aplazamiento debido a las condiciones que tendría en mente el alcalde William Dau para firmar este contrato.

Este medio conoció que el alcalde no firmará el contrato si el consorcio que se seleccione está constituido por empresas con investigaciones u observaciones de los entes de control.

Hay que tener en cuenta que esta fue una de las cosas que el alcalde de Cartagena señaló en su campaña, donde en varias ocasiones dijo que no firmaría contratos con personas o empresas relacionadas con casas políticas.

También se conoció que el alcalde ha cuestionado que una de las empresas que hace parte de un consorcio (son 4 los consorcios proponentes), fue denunciada por el mandatario cuando realizaba labores como activista anticorrupción, a la cual relaciona con el exgobernador Dumek Turbay. Además, estaría planteándose esa condición por la investigación contra el miembro de uno de los consorcios, quien es de origen guajiro.

Hay que recordar que la Contratopedia Caribe reveló hace unos días el pasado de algunas de las empresas que conforman los cuatro consorcios que pujan por el contrato de protección costera. (Lea: 15 empresas conforman los 4 consorcios que pujan por la protección costera de Cartagena)

En el caso del Consorcio Protección Costera Cartagena 2021, se señala que uno de los integrantes es Nelson Ramón Molinares Amaya, constructor guajiro capturado en 2014 por presuntas irregularidades en un contrato firmado por $7.100 millones para la mejora de viviendas en Manaure (La Guajira). Luego recuperó su libertad.

También tuvo inconvenientes con la construcción del Centro de Desarrollo Tecnológico Pesquero del Cesar, que adjudicó la Gobernación de ese departamento en 2014. Hasta el año pasado, esa obra solo reportaba un 30% de avance.

También la integra Servicios de Dragados y Construcciones SAS, una empresa barranquillera que integró junto a la desaparecida Hilsaca Construcciones, hoy AGM Desarrollos SAS, el Consorcio Ciénaga de la Virgen.

Ese privado obtuvo en 2007 un contrato por $33.259 millones que Cardique le entregó para la recuperación de ese cuerpo de agua. Sin embargo, la Contraloría señaló una serie de irregularidades, entre ellas que no había evidencias de construcción de unos canales en concreto que facilitarían el tránsito de las aguas que desembocan en la ciénaga.

Esta empresa también ha sido cuestionada por sus millonarios contratos con la CAR de Magdalena, Corpamag, para obras en la Ciénaga Grande sin que existan evidencias de la efectividad de esos trabajos.

Otras empresas que integran este consorcio son Castor Construcciones SAS, Powerchina Colombia SAS y Obras, Maquinarias y Equipos Tres SAS.

El segundo en la puja es el Consorcio Proplaya, integrado por A & D Alvarado & During SAS, Dicon Ingeniería e Inversiones SAS, Construcciones AP SA y Dinacol SAS. En cuanto a estas solo preocupa que la empresa guajira Dicon integró dos de los consorcios que se ganaron la recuperación de la malla vial de Cartagena durante el gobierno de Dionisio Vélez, una contratación que fue criticada por la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar debido a la figura de empaquetamiento a la que esa administración distrital recurrió para estructurar los pliegos; y el ruido causado por Dinacol cuando en 2016 la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena, le adjudicó la construcción e instalación de muelles flotantes en Barranquilla, Mompox y Bucaramanga por $1.656 millones. Esas obras le generaron ruido a esa empresa porque el muelle de la terminal Yuma, en Bucaramanga, presentó fallas diez meses después de haber sido instalado.

Respecto al Consorcio Cartagena, está integrado por Colombiana de proyectos de ingeniería y construcciones SAS, la Compañía de ingenieros Consical SAS e Ingenieros GF SAS. Sobre esta La Contratopedia no detalla mayores hallazgos.

Por último, está el Consorcio Infraestructura Costera para Cartagena, integrada por KMA Construcciones, megacontratista detrás de la propuesta de la APP Corredor Portuario y Quinta Avenida de Manga, que construyó dos de los proyectos viales más importantes de Colombia, que conectan al Caribe con otras regiones del país, como lo son Ruta Caribe y Concesión Córdoba – Sucre.

En 2018 la Contraloría la señaló de planificar mal y de entregar fuera de tiempo vías y canales pluviales que construyó en Valledupar en 2014. Esa entidad llegó a esa conclusión después de un control excepcional, en el que encontró un posible detrimento de $2.506 millones.

Del consorcio también hace parte Constructora Emma Ltda, socia de Autopistas del Sol, la concesión vial que opera el corredor comercial que integra a Atlántico y Bolívar. El representante legal de esta firma es Efraín Fernando Amin Bajaire, tío de Menzel Amín Avendaño, representante de KMA, y hermano de Menzel Amín Bajaire, representante de Cicon SAS.

La tercera empresa que hace parte de este consorcio es Rehabilitación de Ductos SAS.

Denuncia del senador Sanguino

El senador Antonio Sanguino, quien llegó a Cartagena a hablar con líderes de su partido Alianza Verde, puesto que ha manifestado públicamente su intención de aspirar a la Presidencia de la República, se refirió a denuncias contra el contrato de protección costera.

“Vinimos a Cartagena a dialogar con ciudadanos y veedurías que están alrededor de estos hechos que preocupan a los caribeños. Vamos a hablar con el alcalde para reiterar nuestro respaldo y conversar con él sobre opiniones respecto a lo que está pasando en la ciudad y su gobierno. Nos vamos a pronunciar sobre estos hechos en terreno y sobre el intento de entregar a dedo el contrato de protección costera. Un contrato de más de 160 mil millones en el que insiste la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos entregarlo a dedo, seguramente con motivaciones oscuras y ya sabemos cómo terminan los contratos entregados a dedo.

“Nosotros pusimos una acción ante la Procuraduría en el 2019. A propósito de esa acción, se declaró desierto el proceso contractual que venía haciendo la Unidad, amparado en una calamidad pública decretada en el 2018, que ya no existe, para entregar a dedo un contrato. Aprovechamos entonces para preguntar a quién se quiere beneficiar con ese contrato, que hoy debe estar por los 200 mil millones. Es una decisión sospechosa del director de la Unidad de Riesgo”, dijo Sanguino.