Un detrimento fiscal de 56 mil 300 millones de pesos fue descubierto por la Contraloría de Córdoba luego de la realización de 384 auditorías.
De acuerdo con lo señalado por el titular del organismo de control, Javier Cogollo Padilla, el mayor detrimento se encontró en las alcaldías municipales con un monto de 46 mil 142 millones de pesos.
La máxima cuantía de los procesos se encontró en el municipio de Montelíbano con un detrimento de $20 mil 733 millones por no implementar mecanismos de cobro de recaudo y por dejar vencer los términos para el pago de los impuestos, seguido por Planeta Rica con $9 mil 834 millones, Moñitos con $4.126 millones y San Pelayo con $2.400 millones.
Pero la lista de dineros mal manejados en Córdoba no para allí. En el Plan Departamental de Agua hay un hallazgo por valor de 2.992 millones de pesos, correspondientes a la culminación de acueductos que jamás han prestado servicios, es decir que son “elefantes blancos” y en la Universidad de Córdoba hay otro por $418 millones por el indebido uso de la estampilla pro-universidad.
Las empresas de servicios públicos mixtos tampoco escaparon a la lupa de la contraloría que detectó hallazgos por 2 mil 155 millones de pesos, así como tampoco escapó la Gobernación de Córdoba con hallazgos por valor de 1.989 millones de pesos, correspondientes a tres investigaciones hechas en la Oficina de Instrumentos Públicos de Lorica cuyo resultado mostró que no le estaban girando un monto cercano a los 332 millones de pesos, en la secretaría de Educación departamental donde la cifra asciende a $1.395 millones y en la secretaría de Hacienda a $261 millones.
Están denunciando
Muchas de las investigaciones se iniciaron debido a las denuncias realizadas por la comunidad que está mostrando un mayor grado de compromiso con la vigilancia de los recursos públicos.
El año anterior, según indicó el contralor, se instauraron 111 denuncias y aunque 16 de ellas fueron archivadas porque no tenían sustento, el balance en términos generales permitió advertir sobre posibles detrimentos.
De las denuncias 25 fueron articuladas al proceso auditor, 27 sometidas a una actuación especial directa, 23 arrojaron responsabilidad fiscal, dos están pendientes de trámites, 19 fueron trasladadas a otras instituciones y 16 archivadas.
Los procesos adelantados por el órgano de control, según indicó Cogollo, terminaron en 881 hallazgos administrativos, 41 penales, 298 disciplinarios y 179 fiscal.
