Regional


Alcaldes deben tener visto bueno de contraloría de Sucre para decretar calamidad pública

El contralor departamental de Sucre, Miguel Arrázola Sáenz, hizo la advertencia a los mandatarios para que presenten los respectivos decretos al órgano de control y los soportes de los contratos que esperan realizar bajo esa figura, ya que no pueden ser a dedo.

EDITH QUIROZ

23 de enero de 2019 04:50 PM

Los alcaldes sucreños que están decretando calamidad pública por efectos de la sequía en sus municipios, deben contar con el visto bueno de la Contraloría Departamental de Sucre.

El contralor departamental de Sucre, Miguel Arrázola Sáenz, hizo la advertencia a los mandatarios para que presenten los respectivos decretos al órgano de control y los soportes de los contratos que esperan realizar bajo esa figura, ya que no pueden ser a dedo.

Actualmente varios alcaldes sucreños han declarado la calamidad pública por sequía y en adelante cuentan con 2 meses para presentar los soportes que sustentan ésta y de la contratación que esperan realizar para adelantar las acciones urgentes.

Según el funcionario, en ese despacho cursan varios procesos de entes territoriales que el año anterior declararon la calamidad pública y no presentaron soportes de la contratación realizada para enfrentar las situaciones por la ola invernal.

La Contraloría Departamental no reveló los nombres de los alcaldes que están en esa situación, están en reserva y dijo que compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación para las investigaciones disciplinarias competentes.

“Se han abierto esos procesos sancionatorios a 4 municipios por no solicitar el visto bueno a la Contraloría Departamental para la declaratoria de calamidad pública”, dijo Arrázola Sáenz.

Agregó que hay otros casos en donde han decretado calamidad pública y no realizan ninguna contratación.

Las sanción que se contempla a los alcaldes que decretan la calamidad pública sin el visto bueno de la Contraloría va de 1 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes que devengan estos funcionarios públicos y que deben pagar de sus propios recursos.

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