Una vez más el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons está en la mira de la Procuraduría General de la Nación. Esta vez le abrió investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en el pago de cerca de tres mil millones de pesos, en servicios odontológicos especializados, tratados como urgencias vitales, que no habrían sido contratados.
La medida también cobija a los exsecretarios de Salud del departamento, Alexis José Gaines Acuña, Alfredo José Aruachan Narváez y Edwin Preciado Lourdy, según confirmó el procurador Fernando Carrillo durante audiencia pública en Cereté.
Sostuvo que el Ministerio Público busca determinar si el exgobernador pudo incurrir en falta disciplinaria al presuntamente omitir el deber de vigilancia y control sobre los acuerdos contractuales adelantados entre junio y octubre del 2014, por los secretarios de salud de la época, con la IPS Maxilofacial de Córdoba S.A.S, Mauricio Javier Bermúdez Ramos, la Clínica de Especialidades Odontológicas Oralcosta, y Odontológica I.P.S S.A.S.
Así mismo, espera determinar si los secretarios de salud pudieron incurrir en irregularidades contractuales al reconocer y pagar 5 resoluciones a favor de la IPS FM Maxilofacial de Córdoba S.A.S, por valores superiores a los $1.500 millones de pesos; una a favor de Mauricio Javier Bermúdez Ramos, por la prestación de servicios especializados a 37 pacientes con patologías no POS, por $ 430.759.439; una resolución a favor de Odontológica I.P.S S.A.S, por $308.624.907, y un último acuerdo, a la Clínica de Especialidades Odontológicas Oralcosta, por $ 535.598.582.
Para tal fin se decretaron varias pruebas, entre ellas la visita especial a la Gobernación de Córdoba con el fin de obtener documentos que soporten los trámites contractuales objeto de investigación, con el fin de determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la que se dieron los hechos.
Otros funcionarios
También abrió indagación preliminar contra funcionarios por determinar de la Gobernación de Córdoba, por presuntas irregularidades en la adquisición de químicos y equipos hospitalarios en el departamento.
El ente de control busca establecer si existieron faltas disciplinarias en los procesos contractuales adelantados con la Fundación Unidos por la Salud - Funsalud, relacionadas con el sobrecosto e incumplimiento en la entrega de suministros requeridos por los centros de atención hospitalaria de la región, reiteró el procurador.
El Ministerio Público decretó la práctica de pruebas tendientes a verificar la ocurrencia de la conducta, sus autores y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar.
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