Una funcionaria de la Defensoría del Pueblo en el departamento de Sucre recibió amenazas contra su vida, por lo que el Ministerio Público a nivel central ordenó su traslado a otra regional.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, no reveló la identidad de la funcionaria, pero dio a conocer a través de un comunicado de prensa que, a raíz de estas amenazas manifiestan la más profunda solidaridad con ella y su familia.
“Ordenamos su traslado a otro departamento y se pidió a las autoridades que adopten medidas para su protección”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
La Defensoría del Pueblo elevó un contundente rechazo a las acciones perpetradas contra la integridad de la funcionaria, a la vez que hace seguimiento al escenario de riesgo, reconociendo los impactos diferenciado con perspectiva de género. De la misma forma, brinda acompañamiento psicosocial y jurídico.
“Como Defensor del Pueblo reconozco en la funcionaria una trayectoria de incuestionable compromiso con la defensa de los Derechos Humanos de las comunidades sucreñas y de la subregión de los Montes de María, agradezco su entrañable esfuerzo por visibilizar las violencias basadas en género, así como su entrega por el trabajo comunitario”, aseguró.
Agregó, que hoy es ella quien se encuentra en una situación de riesgo por una estrategia de intimidación y violencia en su contra y por eso piden a las autoridades investigar y dar con los responsables de estas amenazas.
La Defensoría del Pueblo extendió estas solicitudes de protección para los y las demás servidores del Ministerio Público del departamento de Sucre que han sido víctimas de amenaza e intimidación.
Según la Defensoría, lo anterior refleja que la violencia también recae sobre quienes, desde el Estado, dedican sus vidas a la defensa de los derechos humanos.
Así mismo, la Defensoría del Pueblo, como organismo de control, manifestó su disposición en la promoción de garantías de los Derechos Humanos y en su compromiso institucional para dar prioridad a las gestiones necesarias en correspondencia al mandado constitucional de la protección a la vida.
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