Un grupo de cordopbeses se comprometió ante la Jusridicción Especial para la Paz, JEP, a responder por los despojos de tierras en la zona de Tulapa, ubicado en el urabá antioqueño, en el que los paramilitares se habrían apropiado de por lo menos 20 mil hectáreas.
La sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, escuchó a Carmelo de Jesús Esquivia Guzmán, al exgobernador y exgerente del Fondo Ganadero, Benito Antonio Osorio Villadiego; el empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo, Marco Fidel Furnieles Salgado, Sor Teresa Gómez Álvarez, cuñada de los hermanos Castaño Gil, y al exdirector de la Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge, CVS, Jaime Augusto García Exbrayat, quienes solicitaron someterse a este tribunal transicional.
En audiencia, que termina este miércoles, se comprometieron con la verdad, justicia, reparación y no repetición por los hechos ocurridos en Tulapa, zona que fue usada por los paramilitares como base para cometer sus delitos, la cual está comprendida por los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá.
En la audiencia, el primero en hablar en la audiencia fue Osorio Villadiego, quien indicó que estaba arrepentido y dolido, de corazón con las víctimas de los hechos ocurridos en Tulapas. “Pido perdón de corazón como exfuncionario, como colombiano por primera vez ante las víctimas y esta jurisdicción”, indicó en la audiencia virtual.
También fue escuchado el exdirector de la CVS, quien insistió en que contará toda la verdad. “Me he comprometido a aportar información valiosa de lo sucedido en el contexto de la violencia por parte de los grupos de Autodefensas. Información que no es conocida”, argumentó.
A su turno, Sor Teresa Gómez Álvarez, quien estuvo casada con un hermano de los Castaño Gil y fue la directora de la Fundación para la Paz de Córdoba, dijo que está dispuesta a colaborar. “Quiero hacer mi compromiso serio, puntual del esclarecimiento de la verdad y la no repetición”, dijo.
Entretanto, el empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo, sostuvo que este es un caso emblemático de cómo las empresas, en zonas de conflicto, tienen que tratar a futuro de operar para que estas cosas no se repitan. “Presenté una solicitud concreta respecto a cómo se pueden reparar las víctimas”, reiteró.
El turno de este miércoles es para las víctimas de las acciones de los paramilitares en la zona, quienes contarán al órgano judicial cómo fueron despojados de sus territorios, entre los años 1995 y 1999, y tuvieron que abandonar cerca de 1.400 predios de la zona.
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