David Fajardo Cardozo, abogado apoderado de los funcionarios de la empresa Aguas de Morroa, Lilian Arroyo Buelvas y William Amaya López, arrestados el pasado jueves dentro de un supuesto caso de corrupción, asegura que las capturas de sus clientes son totalmente ilegales.
De acuerdo con el apoderado, las órdenes de captura contra los mencionados fue solicitada por un juez incompetente y se expidieron en el municipio de Coveñas, una población totalmente ajena al municipio en donde presuntamente se cometieron los delitos.
Conforme con lo expresado por el abogado defensor de la Gerente y el Tesorero de la empresa Aguas de Morroa, tales órdenes de captura deberán ser declaradas ilegales por un juez de control y garantías de segunda instancia.
Fajardo Cardozo enfatizó que la Fiscalía General de la Nación no puede imputar los cargos de celebración indebida de contratos, interés indebido y peculado por apropiación, porque no tiene claro si se trata de particulares o servidores públicos.
“En el caso de la Gerente de Aguas de Morroa, Lilian Arroyo Buelvas, sus normas se rigen por la Ley 142 de Servicios Públicos Domiciliarios, Artículos 14 y 32, es decir por el derecho Privado”, dijo.
Cabe anotar que las órdenes de captura contra Lilian Arroyo Buelvas y William Amaya López, así como el alcalde de Morroa, Carlos Solano Corena y César Durán Ruge, contratista, fueron legalizadas en el inicio de las audiencias respectivas a continuar el próximo lunes.
El alcalde Solano Correa, conocido como “Quicho”, al parecer suscribió un convenio con la empresa de Aguas de Morroa sin que esta tuviera la idoneidad para la optima prestación del servicio del preciado líquido.
Al parecer, la firma subcontrató a un ingeniero especializado en el tema con el fin de que certificara la idoneidad de la empresa para lograr cumplir con el objeto del proceso contractual y a su vez este realizara la obra de manera fraudulenta.
De acuerdo con las autoridades, en el mencionado proceso se aportaron documentos falsos para darle cierta apariencia de legalidad al contrato firmado un valor superior a los mil 700 millones de pesos.
Los mencionados eran requeridos por el Juzgado Promiscuo de Coveñas con funciones de control de garantías por los delitos de celebración indebida de contratos, interés indebido y peculado por apropiación.
Comentarios ()