Atlántico


Anuncian acciones por robo de agua en el sur del Atlántico

Las autoridades y las empresas sensibilizan a las comunidades para que denuncien las conexiones ilegales.

EL UNIVERSAL

08 de septiembre de 2020 06:36 PM

En un esfuerzo conjunto entre la empresa de servicios públicos Aguas del Sur (Aqsur), la Gobernación del Atlántico, Aresur y la Policía Ambiental ponen en marcha un proceso de sensibilización en las comunidades del sur del Atlántico para invitarles a que denuncien los sitios en los que hay conexiones ilegales a través de las cuales se roban el líquido vital, principalmente en fincas, lo que impide que llegue con fuerza o no llegue a las zonas residenciales.

Miembros de las cuatro entidades iniciaron la socialización en el municipio de Luruaco, luego pasaron a los corregimientos de Santa Cruz y Arroyo de Piedra; posteriormente Candelaria y finalmente el corregimiento de Bohórquez, jurisdicción de Campo de la Cruz. El recorrido lo hicieron con un potente equipo de sonido con el que anunciaban la necesidad de reducir el robo del agua para que algunos centros poblados no sigan padeciendo del preciado líquido.

“Desde la empresa AQSUR estamos haciendo un esfuerzo enorme para mejorar cobertura y calidad del agua, pero no puede ser posible que en algunas zonas residenciales llegue la mitad de lo que bombeamos. Todo esto se debe al robo continuo de agua que hay, especialmente en algunas fincas que hacen conexiones o rompen los tubos para darle agua potable a los animales, riego o simplemente para dejarla correr a los jagüeyes”, destacó el director de Operaciones de AQSUR, Edwin Ortiz Rincón.

Durante la socialización se llegó a puntos donde hay mayor concentración de personas como tiendas, sedes de las alcaldías, almacenes de artículos agropecuarios, etc., para pegar afiches con el mensaje “Todos somos guardianes del agua” y se les iba compartiendo a los dueños de estos negocios y personas que estaban allí el discurso que debían transmitir a sus clientes y conocidos sobre la posibilidad de incurrir en delitos que les generarán multas.

La representante de Gestión Social del Plan Departamental de Agua de la Gobernación del Atlántico, Isis Brugés, dijo estar muy contenta con la receptividad de la gente que entiende que algunas deficiencias en el servicio de agua potable en algunos corregimientos y cabeceras municipales se debe a que en el trayecto entre el punto de captación y la llegada a sus viviendas hay tuberías ilegales. “Mi mensaje es que todos somos guardianes del agua por eso debemos ser coherentes y así como hacemos reclamos por las falencias en el servicio así debemos cuidar el agua, es un compromiso de todos”.

El jefe de la Policía Ambiental del Atlántico, intendente Germán Bahos, invitó a que denuncien las conexiones fraudulentas a través de la línea 123 de la Policía Nacional para contribuir a que en el sur del Atlántico haya un mejor servicio de agua potable.

Como es de conocimiento público, Luruaco y sus corregimientos tienen deficiencias en el servicio, por tal motivo, desde el 2019 la Gobernación del Atlántico gestionó ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la instalación de un tubo de 18 pulgadas de diámetro que recorre 36,3 kilómetros de longitud con un costo de 36.000 millones de pesos para traer el agua desde el canal del Dique hasta este municipio que hoy se abastece de la laguna de Luruaco lo que genera dificultades sobre todo en épocas de verano por ser un cuerpo de agua que no se alimenta de otros.

La alcaldesa de ese municipio, Marly Gutiérrez Pérez, acompañó a los funcionarios de las cuatro entidades durante el recorrido de Luruaco y Santa Cruz, y socializó con la gente las bondades de esta iniciativa con la que se busca ponerle freno a la ilegalidad.

El gerente de la Asociación de Acueductos del Sur del Atlántico (Aresur), Juan Carlos Llinás, destacó el trabajo que se está haciendo al sumar fuerzas en beneficios de los habitantes del sur del Atlántico que ven como se viene mejorando el servicio.

“El esfuerzo conjunto es muy grande. Aquí se están haciendo inversiones importantes y no puede ser posible que, sobre todo las fincas estén robando agua tratada para botarla en jagüeyes o la usen para sus faenas agrícolas que pueden ser reemplazadas por agua de pozo y si desean usarla deben pagar como lo hace todo el mundo”, anotó Llinás.

El paso que sigue son las sanciones. Se prevé que quien siga incurriendo en estas prácticas ilegales tendrá sanciones pecuniarias de acuerdo a la ley.

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