Luego de reunirse con propietarios de viviendas y apartamentos construidos en zonas de alto riesgo en la ciudad de Barranquilla, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, conminó a los entes de control investigar a los que concedieron los permisos para construcción, a los constructores y a las empresas constructoras que han evadido su responsabilidad con los damnificados.
El ministro se reunió en Combarranquilla Country con los habitantes de Campo Alegre, del conjunto residencial Privilegios, Loma Roja, Altos de la Colina, Colina Campestre, Puertas del Caribe, El Valle, Villa del Rosario y zona de riesgos de la ladera noroccidental, quienes solicitaron la posibilidad de declarar zona de desastre al sector de Campo Alegre.
Además del ministro Henao estuvieron presentes el Viceministro de Vivienda, Guillermo Herrera; el Alcalde (e) de la ciudad, Raúl Lacotoure, y el Defensor Regional del Atlántico, Milton Gómez Cardoso.
Delante de los funcionarios los afectados expusieron su problemática que han venido teniendo desde el 2008, cuando empezaron a ceder los terrenos por lo que muchos tuvieron que abandonar sus viviendas y apartamentos porque corrían riesgos sus vidas.
A algunos de ellos el Distrito asumió los gastos de reubicación y también el pago de arriendos, porque las empresas constructoras y los constructores nunca asumieron sus responsabilidades y hasta el día de hoy, según los afectados, una que otra ha respondido por los daños y perjuicios que han sufrido. Pues muchos de ellos aún no pagan la deuda que contrajeron con los bancos para adquirir, ya fueran las casas o los apartamentos.
Luego de que el Ministro de Vivienda escuchara las quejas de los usuarios se plantearon unos acuerdos con el fin de brindarles una solución en un tiempo prudente.
Entre los puntos que se acordaron se encuentra la creación de una mesa interinstitucional para hacerle un seguimiento a la problemática que viven las familias de Campo
Alegre y en ladera occidental en Barranquilla, “cuyas viviendas se ven afectadas por la inestabilidad en los suelos, esta mesa será liderada por la Alcaldía y la comunidad también tendrá representación en la misma”.
Otra indica que durante los estudios que se desarrollen para determinar las causas de los daños en las viviendas habrá acompañamiento de una comisión sismo resistente.
Se acordó que el Ministerio de Vivienda solicitará apoyo de la Procuraduría, la Fiscalía, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Sociedades, con el fin de investigar a quien o a quienes dieron licencias de construcción, determinar cuales son los constructores vinculados, que constructores han pagado a las familia afectadas y cuáles no, para que la Superintendencia de Industria y Comercio tome decisiones y los acompañe en el proceso.
Un cuatro punto que tiene en la agenda estipula que el Gobierno pedirá al Consejo Superior de la Judicatura el estudio de la suspensión de los procesos jurídicos que cursa en contra de las familias afectadas.
De igual manera el Ministerio de Vivienda solicitará al Fondo Nacional del Ahorro la suspensión de los procesos de remate de las viviendas en las cuales los propietarios tienen deudas.
Y el sexto punto dice que “para aquellos hogares que vivan en barrios ilegales se buscará la posibilidad de incluirlos como potenciales beneficiarios del programa de vivienda gratuita liderado por el Ministerio de Vivienda.
Aseguró el ministro Luis Felipe Henao que ya tienen un proceso de selección de 2.600 familias para darles prioridad a través del Fondo de Adaptación, algunas de estas familias beneficiarías podrían ser las de Loma Roja.
“Haremos una labor imparcial, advierto a los que quieren pescar en río revuelto, que seremos justos al momentos de tomar decisiones, donde ustedes tendrán el acompañamiento del ministerio de vivienda”, terminó diciendo Henao.
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