Yurleidys Tapia Campo es una joven que aún recuerda, 17 años después, cómo le arrebataron a su padre, José Manuel Tapia Pájaro, en la tercera masacre más grande ocurrida en Los Montes de María, después de las de El Salado y Macayepo.
En las fincas Los Guáimaros y El Tapón masacraron a 15 personas el 30 y 31 de agosto de 2002. Primero asesinaron a un grupo de personas en una de las dos fincas, no sabemos si primero fue la de El Tapón o Los Guáimaros, y luego de esto, cuando los familiares de las víctimas fueron a recoger los cuerpos a estos lugares, allí también fueron asesinados.
“Nosotros queremos justicia, porque la reparación es importante, pero no tanto como saber la verdad (...) necesitamos que se haga justicia, porque nos pueden reparar simbólicamente, pero con eso no nos van a devolver la vida de ellos. Lo que nosotros queremos saber es quiénes fueron, tener un rostro a quién llegar uno y preguntarle por qué lo hiciste, quién dio la orden”, sostuvo Yurleidys.
Los familiares de las víctimas quieren respuestas a muchas de esas preguntas que tienen guardadas y que nadie les responde. Para ellos, la Fiscalía solo les informa cuando llega la conmemoración porque los invitan, pero de resto no les dicen cómo va el caso y su temor es que en tres años prescriba ante la justicia ordinaria.
“Son 17 años que ya han pasado desde que ocurrieron los hechos violentos y para nosotros en sí somos invisibles ante la Fiscalía, porque ese caso está estancado y ni avanza, al contrario, yo creo es que está retrocediendo, porque no se llega a nada”, dijo decepcionada Yurleidys.
Con la Justicia Especial para la Paz (JEP), ellos vieron la posibilidad de que algún grupo armado se atribuyera los hechos. “Ni el mismo Gobierno, ni la misma Fiscalía nos tienen en cuenta. Otras masacres han avanzado como la de El Salado, que ya tuvo una sentencia, ya que ellos saben quiénes fueron” manifestó Yurleidys.
Dolores García Sierra también sufre por la pérdida de su hijo Eugenio Mercado. Ella cree que la masacre quedará impune. “Lo único que siento es que las leyes de Colombia están cojas para unos, pero no para otros, porque es muy triste que la tercera más grande que tiene los Montes de María, que es la de San Juan Nepomuceno, siga impune. Ya no sabemos a quién acudir. Queremos que sea la justicia la que lo haga porque nosotros no podemos cogerla por nuestras manos”.
El área de Regionalización de Justicia viene acompañando diversos casos alrededor de Los Montes de María, específicamente en un apoyo de investigación e incidencia. Para el caso de las familias de la masacre de Los Guáimaros, se está insistiendo en verdad, justicia y reparación con diversas entidades estatales como Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y la Unidad para las Víctimas, ante la Comisión de la Verdad.
“Actualmente el caso se encuentra en términos de investigación en la Fiscalía en dos unidades, la de Justicia y Paz y en la Dirección de Derechos Humanos, que es justicia ordinaria, pero los distintos cambios de fiscal, donde el expediente rueda de una oficina a otra, ha impedido que se tengan adelantos o resultados de esta investigación que ya cumple 17 años”, dio a conocer la investigadora del área de Regionalización de Justicia, Ivón Díaz García.
Para el caso de la JEP, se espera que antes del término de este año las familias puedan presentar el informe ante este organismo.
La masacre ocurrió el 30 y 31 de agosto de 2002 en las fincas El Tapón y Los Guáimaros. El primer día, hombres armados torturaron y asesinaron a ocho campesinos que trabajaban en los mencionadas fincas. Al día siguiente, siete familiares y amigos de las primeras víctimas, quienes viajaron a rescatar los cuerpos, también fueron asesinados. Este hecho provocó además el desplazamiento de familias de los corregimientos vecinos de Corralito y San José del Peñón.
En su momento, la masacre fue atribuida por las autoridades a las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia, Farc, y otras versiones apuntaban a grupos paramilitares en alianza con terceros. A la fecha ninguno de los actores armados con presencia en la región en la época de los hechos ha reconocido su participación en la masacre y la Fiscalía tampoco ha determinado responsables.
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