Ochos años después, así avanza la reparación de víctimas

12 de julio de 2019 02:43 PM
Ochos años después, así avanza la reparación de víctimas
Miledy Galeano, enlace regional en Bolívar de la Unidad de Víctimas.

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En junio se cumplieron ocho años de la puesta en marcha de la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta fue creada con el propósito de dignificar, reconocer, atender, asistir y reparar a los sobrevivientes de hechos sucedidos en el conflicto armado desde 1985.

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), entre 2012 y el 1 de junio de 2019, se han incluido 8.839.146 de personas, que representan más del 17% de la población del país. Durante estos ocho años, dicha ley ha permitido la reparación integral de 986.961 de las víctimas registradas con la medida de compensación económica.

A dos años de que la ley termine (su vigencia es hasta el 2021), tiene sentido revisar cuáles son los avances y los retos de esta política pública en el departamento de Bolívar.

La Unidad Nacional de Víctimas manifestó que en el cumplimento de la ley se han invertido $11 billones en todas las medidas de reparación integral, de los cuales $6,1 billones corresponden a indemnizaciones por reparación individual.

Hasta el 1 de junio de 2019, en Bolívar habían 390.353 víctimas registradas en el RUV, de las cuales 278.375 (un 71,31%) han recibido algún tipo de atención. En otras palabras, han accedido a algún tipo de ayuda humanitaria, programas de salud, educación o indemnización.

Después de Cartagena, que registra 79.925 casos, El Carmen de Bolívar le sigue como el municipio con más recepción de víctimas, con 49.226.

Otros municipios, como Magangué, San Juan Nepomuceno y Marialabaja, registran 32.059, 18.912 y 14.543, respectivamente.

Según las cifras entregadas por la Unidad de Víctimas, en indemnizaciones por reparación individual se han invertido $159.513.219.471, con los cuales se han reparado a 25.517 de las 390.353 víctimas que residen en el departamento. Es decir, solo el 6,53% de esta población ha recibido indemnización individual. Esto evidencia que en materia de indemnizaciones monetarias queda mucho por trabajar.

La directora territorial en Bolívar de la Unidad para las Víctimas, Miledy Galeano, señaló que continúan en la tarea de cumplirle a todas las víctimas.

“Actualmente continuamos en esa tarea de cumplirle a las víctimas, venimos aplicando la resolución 1049, en la cual se establecen las rutas de atención, transitoria, priorizada y general para hacer la atención integral a las víctimas”.

Sin embargo, es necesario destacar la Ley 1448 de 2011, que enfatiza que hechos como: amenaza, acto terrorista, atentado, combate y hostigamiento, si no causó ningún tipo de afectación o lesión personal, aunque la persona sea testigo del hecho, no serán objeto de indemnizaciones.

Para la reparación individual se priorizaron los siguientes criterios: adultos mayores, personas en condición de discapacidad y víctimas con enfermedades terminales.

También hay una ruta transitoria, que son aquellas víctimas que ya han hecho la documentación y solo están pendientes de ser indemnizados. Finalmente, está la ruta general, en la cual se atienden a la víctimas de acuerdo a la vigencia presupuestal que tenga la Unidad con los recursos que se le otorguen, los cuales cambian anualmente.

Así mismo, está la reparación colectiva, que se refiere a comunidades campesinas y barriales, pueblos étnicos, organizaciones, grupos y movimientos sociales afectados colectivamente por el conflicto. En el país se registran 616 sujetos de reparación colectiva, 35 de estos en Bolívar, de los cuales fueron priorizados dos: Zipacoa (Villanueva) y Las Palmas (San Jacinto).

“De los 35 sujetos de reparación colectiva que tiene la territorial Bolívar, se han priorizado dos para darle cumplimiento administrativo y en ellos hemos venido trabajando, implementando las medidas que esta comunidad formuló y concluirlo es una de las metas para este año”, indicó Galeano.

Prórroga de la ley

Una posible prórroga de la Ley de Víctimas, cuya vigencia vence en 2021, es una de las opciones que está siendo analizada. El árbitro será el Congreso de la República, que revisará en junio de 2020 la implementación de la política y le dirá al Gobierno qué debe hacer con ella.

El nuevo proyecto de ley le apuntaría a extender el proceso de restitución y garantía de los derechos de las víctimas del conflicto, con el fin de cumplir con el modelo de reparación integral y en especial con el tema de la indemnización.

Precisamente, en el Plan de Desarrollo se plantea el “Pacto por la Construcción de Paz, Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas”, con el que se pretende crear estrategias que contribuyan al fortalecimiento de la política pública de víctimas, entre esas una eventual prórroga de la ley.

La prórroga está en estudio y se daría a conocer en diciembre de este año, pero que será un tiempo proporcional a la implementación del acuerdo de paz para realizar una reparación efectiva a las víctimas.

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