En fallo de primera instancia, la Procuraduría Provincial de Cartagena estableció que en los estudios previos Richard Eduardo Tinoco Velásquez no justificó el valor del contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que fue firmado por $402 millones, ni la fórmula aplicada para calcular su costo.

Para el Ministerio Público hubo ambigüedad por parte del exfuncionario al no especificar la operación aritmética y los valores que sirvieron de base para determinar el costo de las raciones, cuyo valor unitario fue fijado en $2.100.

Para el órgano de control, con su actuación Tinoco Velásquez vulneró el principio de economía que regula la contratación estatal, así como el de responsabilidad.

Por esos hechos, la Procuraduría calificó su conducta como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.

El fallo de primera instancia puede ser apelado por el disciplinado.