En Bolívar hay 64 mil estudiantes víctimas del conflicto

21 de septiembre de 2019 12:00 AM
En Bolívar hay 64 mil estudiantes víctimas del conflicto
El compromiso de la Gobernación de Bolívar es luchar por una educación de calidad e incluyente que impulse el desarrollo, bienestar, equidad y genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad. //Cortesía

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Con el propósito de restablecer las garantías de derechos a la población estudiantil en todo el departamento, la Secretaría de Educación de Bolívar inició un proceso de caracterización de los niños, niñas y jóvenes en condición de víctimas, inscritos en el Registro Único de Víctimas (RUV), para identificar necesidades, focalizar sus medidas de asistencia, atención y reparación, y que los rectores tengan la posibilidad de reseñarlos como tal, en el Sistema de Información de Matrícula (Simat).

Históricamente la información reportada por las instituciones educativas en el Simat, acerca de la población víctima ubicada en el rango de edades entre 0 a 17 años, no supera los 6.500 estudiantes, cifras aparentemente ínfimas comparadas con la información reportada en el Registro Único de Víctimas, cuya población supera los 126.828 niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto en todo el territorio, incluyendo los entes territoriales de Magangué y Cartagena.

La educación para las víctimas del conflicto armado es fundamental para su acceso a más y mejores oportunidades, y es un medio importante para la reconstrucción del tejido social y la transformación de sus proyectos de vida.

DERECHO A LA EDUCACIÓN

La secretaria de Educación de Bolívar, Luz Patricia Guerra Echenique, sostiene que los ambientes escolares, como espacios de socialización, son un lugar para tejer, afianzar y enfrentar importantes desafíos que permitan dar respuestas oportunas y pertinentes a las nuevas necesidades de formación de los ciudadanos.

“La educación es un servicio, un derecho constitucional y ciudadano; por eso, construir políticas educativas es pensar en educación para todos, con educación avanzamos hasta lograr que esta sea asumida como política de desarrollo y motor de la dinámica social”, precisa Guerra Echenique.

Según la herramienta Reporte Nacional de Información de la Unidad de Víctimas (RNI), en las escuelas oficiales de Magangué son atendidos en aulas regulares 11.964 estudiantes, mientras que el Distrito de Cartagena alberga 29.885 menores de edad en sus colegios oficiales.

Hilda Castillo Martínez, directora de Cobertura Educativa de la Secretaría de Educación de Bolívar, dice que la importancia de caracterizar a la población estudiantil víctima del conflicto, radica específicamente en el cúmulo de beneficios que dejan de percibir las familias por parte de toda la oferta social e institucional del Estado.

“La inquietud nace en las diferentes mesas adelantadas con las organizaciones, a la cuales les hemos hecho acompañamiento, notando debilidades en la atención a esta población en las escuelas oficiales. Históricamente atendemos a 6.500 estudiantes con esta condición, pero cuando cruzamos información con los sistemas de información de la Unidad Nacional de Víctimas, evidenciamos que la población es mayor y que la cantidad identificada en las escuelas asciende a más de 60 mil niños, niñas y jóvenes en las aulas de clases”, sintetiza.

EDUCACIÓN DE CALIDAD

Conforme al asesor - enlace de Víctimas de la Secretaría de Educación de Bolívar, Jaime Antonio Olmos Herrera, el sistema de matrícula no permite visibilizar la verdadera atención educativa que se le brinda a la población víctima en etapa escolar.

“Este es un hallazgo que encontramos en el segundo semestre del año escolar 2017, por diferentes circunstancias los colegios solo registran una población inferior a los 6.500 estudiantes víctimas del conflicto, pero la realidad es que en nuestras escuelas hay 64.979 chicos, de los cuales hasta la fecha hemos caracterizado cerca de 30 mil niños”, advierte el funcionario.

Para la Gobernación de Bolívar, el gran compromiso es luchar por una educación de calidad e incluyente que impulse el desarrollo, bienestar, equidad y genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad.

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