Mañana se cumple el plazo otorgado a la Gobernación de Bolívar para hacer entrega oficial del informe técnico hecho a más de 200 niñas de El Carmen de Bolívar, presuntamente afectadas tras la aplicación de la vacuna contra el VPH, el cual según el fallo del Juzgado Promiscuo de Familia de El Carmen de Bolívar, debía ser entregado en un plazo máximo de cinco días hábiles, luego de su notificación.
La tutela ordena tres acciones claras a la Gobernación de Bolívar: entrega en forma individualizada del informe del estudio hecho en convenio con la Universidad de Cartagena para determinar los motivos y afectaciones de las menores; elaboración de un plan individualizado de las niñas que hicieron parte del estudio; y el inicio, seguimiento y valoración completa sobre el estado de salud de las cinco tutelantes.
(Lea aquí: Admiten tutela que pide informe sobre niñas enfermas)
Están organizando la información
Aunque anteriormente la Gobernación explicó que una de las razones por las que no se entregaba el informe es el carácter reservado de las historias clínicas, al recibir la notificación del juzgado, el equipo se dispuso a drenar la información para cumplir oportunamente con lo indicado, respetando la reserva legal, que también debe ser cumplida por los solicitantes, es decir los padres y familiares de las jóvenes deben comprometerse a mantener en privado la información.
“Como en su momento se dijo, estábamos terminando de revisar con la Universidad de Cartagena el alcance de cumplimiento de las obligaciones del convenio; sin embargo como siempre ha sido nuestra intención, se entregará el informe con las restricciones ordenadas en el fallo en el plazo otorgado para ello”, explicó la secretaria jurídica de la Gobernación de Bolívar, Adriana Trucco.
Apelaron el cuarto punto del fallo
Siendo consecuente con sus competencias, la Gobernación de Bolívar decidió apelar el cuarto punto del fallo de la tutela, que exige iniciar de manera inmediata un seguimiento y hacer una valoración completa del estado de salud de las menores implicadas.
En este sentido la Gobernación solicitó la modificación del alcance de la orden judicial, argumentando que dentro de sus funciones como ente gubernamental no está prestar directamente el servicio de salud, pues este está a cargo de las EPS que manejan el aseguramiento de las niñas afectadas.
“Nosotros apelamos la decisión en lo que respecta al punto cuarto, pues lo que nosotros podemos hacer es garantizar a través de la red de prestación de servicios, que se le brinde la atención adecuada, pertinente y oportuna; todo ello requerido en el marco de nuestras competencias de inspección, vigilancia y control”, aclaró Trucco.
Desde la socialización en mayo de los resultados del estudio científico que contrató la Gobernación de Bolívar para determinar qué padecen las niñas que se enfermaron hace cuatro años en El Carmen de Bolívar, los padres de las menores han solicitado que se les entregue la copia del informe final, aduciendo inconformidad con los resultados clínicos, por tanto El Juzgado Promiscuo de Familia de El Carmen de Bolívar admitió la tutela en primera instancia en contra de la Gobernación, por la presunta violación al derecho a la información y amenaza a la salud y a la vida.
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