En fallo de primera instancia, el contralor delegado intersectorial número dos de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Contraloría General de la República contra la corrupción, José Miguel Char Chicre, declaró como presuntos responsables fiscales a seis de los nueve implicados por el denominado Cartel de la Hemofilia, con el cual se habría incurrido en detrimento patrimonial por $26.274’941.695.

Dentro de los hallados responsables se encuentran el exgobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín; Ana María del Carmen Álvarez Castillo, en su calidad de Secretaria de Salud Departamental para el tiempo en que se ejecutaron los hechos; Nacha Newbal Jiménez, quien se desempeñaba como directora de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud de esa misma dependencia.

Así mismo, en el fallo el ente de control halló como responsables a la Fundación Ciénaga de la Virgen, representada legalmente por Emperatriz Agámez Meléndez, en calidad de contratista; a Luis Eduardo Ortiz Herrera, en calidad de auditor médico, líder del Programa de Prestación de Servicios de Salud; a la IPS Asistencia Integral de Servicios en Salud (Asistegral), representada legalmente por Gloria Patricia Giraldo Jaramillo, en su calidad de prestador de servicios de salud.

La decisión se conoció ayer en una audiencia realizada en la sede de la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en Cartagena.

El organismo de control determinó que hubo un presunto daño fiscal al departamento de Bolívar por $26.274’941.695 correspondientes a los pagos realizados a diferentes IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud), sin que hubiese convenio o contrato alguno para el tratamiento a los pacientes hemofílicos y suministro de medicamentos, atendiendo unos fallos de tutela que, según la entidad vigilante, en unos casos fueron falsos y en otros hubo omisiones.

Adicional a esto el ente de control fiscal declaró otras irregularidades, como la no prestación de los servicios por parte de las IPS a los afectados con la enfermedad; sin embargo, esas empresas recibieron pagos millonarios de la Secretaría de Salud de Bolívar.

“Se realizó la audiencia de decisión dentro del proceso responsabilidad fiscal, en donde se determinó que hubo irregularidades en el pago a diferentes IPS por atención a enfermos de hemofilia amparados en unos fallos de tutela, que en unos casos no fueron reales, fallos falsos y otros por omisión a la respuesta de la tutela, cuando se le corrió traslado al departamento de Bolívar; también se presentaron pagos irregulares a unas IPS, además se demostró que no prestaron los servicios a los afectados con la enfermedad y sin embargo recibieron pagos millonarios del departamento de Bolívar, es decir, los enfermos sí estaban registrados como pacientes hemofílicos, pero recibían atención en otras IPS”, explicó Char Chicre.

En el caso del exgobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, la Contraloría encontró que su actuación fue omisiva y determinante en el daño patrimonial, al efectuar a través de la Resolución 552 de 2012 un pago de $1.205 millones hecho directamente a una de las IPS vinculada al proceso.

Para el ente de control, los pagos ordenados en la resolución tuvieron como sustento los fallos proferidos por las tutelas presentadas por los pacientes, sin embargo en estos no imponían al departamento una obligación en este sentido, por lo cual su conducta fue calificada como omisiva

“El gobernador de Bolívar delegó en la secretaria de Salud el pago y la atención de las tutelas que presentaban y de igual manera le hizo seguimiento a los procesos, por eso lo exoneramos de los otros pagos, pero hubo un pago que hizo el gobernador y por eso es que se dio responsabilidad fiscal”, aclaró

A Ana María del Carmen Álvarez Castillo, en su calidad de secretaria de Salud Departamental, se le atribuye, entre otras conductas, permitir pagos por millonarias sumas al margen de la legalidad y sin saber a quién se le pagaba, con el argumento de que eran urgentes.

Su despacho incurrió en omisión intencional de pronunciarse sobre las acciones de tutela interpuestas, guardando silencio sobre las mismas.

Por su parte, a Nacha Newbal Jiménez, en calidad de directora de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud para la época de los hechos, se le encontró que ordenaba directamente los servicios de salud, certificaba que se habían prestado efectivamente y que las facturas de cobro se habían presentado en debida forma.

Durante la audiencia se profirió fallo sin responsabilidad fiscal para Bertha María Pérez López, quien ejerció por cuatro días como secretaria de Salud Departamental; Candelaria Valdelamar Martínez, representante legal del Hospital La Divina Misericordia y la Fundación Renal de Colombia, representada legalmente por Gabriel García Sotelo, quienes a consideración de la Contraloría desvirtuaron los cargos imputados por el daño patrimonial.

Así mismo se deberán levantar las medidas cautelares en favor de estos tres y graduar la cuantía de las medidas cautelares en favor de Juan Carlos Gossaín.

A su vez se dispuso que la Previsora S.A , por el manejo de la póliza global de entidades estatales, y Axa Colpatria deberán responder en calidad de tercero civilmente responsable por el monto hasta el del valor asegurado menos el deducible a que haya lugar.

En dialogo con El Universal, Andrés Felipe Figueroa Pérez, abogado defensor de Bertha María Pérez López, manifestó que “es un fallo justo en lo que tiene que ver con mi defendida, pues fue absuelta de toda responsabilidad fiscal. Ha sido un caso complejo, pero en el debate demostramos que Bertha María Pérez López actuó de buena fe como secretaria de Salud encargada de la Gobernación de Bolívar”.