Bolívar


Hemofilia: con falsas tutelas se pagaban millonarias sumas

La Contraloría halló responsable a cuatro exfuncionarios y dos prestadores de servicios, por el polémico caso de pago de tratamientos a pacientes con hemofilia que terminó en un detrimento fiscal por $26.274 millones.

SOFÍA FLÓREZ

30 de julio de 2019 12:00 AM

En fallo de primera instancia, el contralor delegado intersectorial número dos de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Contraloría General de la República contra la corrupción, José Miguel Char Chicre, declaró como presuntos responsables fiscales a seis de los nueve implicados por el denominado Cartel de la Hemofilia, con el cual se habría incurrido en detrimento patrimonial por $26.274’941.695.

Dentro de los hallados responsables se encuentran el exgobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín; Ana María del Carmen Álvarez Castillo, en su calidad de Secretaria de Salud Departamental para el tiempo en que se ejecutaron los hechos; Nacha Newbal Jiménez, quien se desempeñaba como directora de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud de esa misma dependencia.

Así mismo, en el fallo el ente de control halló como responsables a la Fundación Ciénaga de la Virgen, representada legalmente por Emperatriz Agámez Meléndez, en calidad de contratista; a Luis Eduardo Ortiz Herrera, en calidad de auditor médico, líder del Programa de Prestación de Servicios de Salud; a la IPS Asistencia Integral de Servicios en Salud (Asistegral), representada legalmente por Gloria Patricia Giraldo Jaramillo, en su calidad de prestador de servicios de salud.

LAS IRREGULARIDADES

La decisión se conoció ayer en una audiencia realizada en la sede de la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en Cartagena.

El organismo de control determinó que hubo un presunto daño fiscal al departamento de Bolívar por $26.274’941.695 correspondientes a los pagos realizados a diferentes IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud), sin que hubiese convenio o contrato alguno para el tratamiento a los pacientes hemofílicos y suministro de medicamentos, atendiendo unos fallos de tutela que, según la entidad vigilante, en unos casos fueron falsos y en otros hubo omisiones.

Adicional a esto el ente de control fiscal declaró otras irregularidades, como la no prestación de los servicios por parte de las IPS a los afectados con la enfermedad; sin embargo, esas empresas recibieron pagos millonarios de la Secretaría de Salud de Bolívar.

“Se realizó la audiencia de decisión dentro del proceso responsabilidad fiscal, en donde se determinó que hubo irregularidades en el pago a diferentes IPS por atención a enfermos de hemofilia amparados en unos fallos de tutela, que en unos casos no fueron reales, fallos falsos y otros por omisión a la respuesta de la tutela, cuando se le corrió traslado al departamento de Bolívar; también se presentaron pagos irregulares a unas IPS, además se demostró que no prestaron los servicios a los afectados con la enfermedad y sin embargo recibieron pagos millonarios del departamento de Bolívar, es decir, los enfermos sí estaban registrados como pacientes hemofílicos, pero recibían atención en otras IPS”, explicó Char Chicre.

Caso Gossaín

En el caso del exgobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, la Contraloría encontró que su actuación fue omisiva y determinante en el daño patrimonial, al efectuar a través de la Resolución 552 de 2012 un pago de $1.205 millones hecho directamente a una de las IPS vinculada al proceso.

Para el ente de control, los pagos ordenados en la resolución tuvieron como sustento los fallos proferidos por las tutelas presentadas por los pacientes, sin embargo en estos no imponían al departamento una obligación en este sentido, por lo cual su conducta fue calificada como omisiva

“El gobernador de Bolívar delegó en la secretaria de Salud el pago y la atención de las tutelas que presentaban y de igual manera le hizo seguimiento a los procesos, por eso lo exoneramos de los otros pagos, pero hubo un pago que hizo el gobernador y por eso es que se dio responsabilidad fiscal”, aclaró

A Ana María del Carmen Álvarez Castillo, en su calidad de secretaria de Salud Departamental, se le atribuye, entre otras conductas, permitir pagos por millonarias sumas al margen de la legalidad y sin saber a quién se le pagaba, con el argumento de que eran urgentes.

Su despacho incurrió en omisión intencional de pronunciarse sobre las acciones de tutela interpuestas, guardando silencio sobre las mismas.

Por su parte, a Nacha Newbal Jiménez, en calidad de directora de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud para la época de los hechos, se le encontró que ordenaba directamente los servicios de salud, certificaba que se habían prestado efectivamente y que las facturas de cobro se habían presentado en debida forma.

Absueltos de responsabilidad

Durante la audiencia se profirió fallo sin responsabilidad fiscal para Bertha María Pérez López, quien ejerció por cuatro días como secretaria de Salud Departamental; Candelaria Valdelamar Martínez, representante legal del Hospital La Divina Misericordia y la Fundación Renal de Colombia, representada legalmente por Gabriel García Sotelo, quienes a consideración de la Contraloría desvirtuaron los cargos imputados por el daño patrimonial.

Así mismo se deberán levantar las medidas cautelares en favor de estos tres y graduar la cuantía de las medidas cautelares en favor de Juan Carlos Gossaín.

A su vez se dispuso que la Previsora S.A , por el manejo de la póliza global de entidades estatales, y Axa Colpatria deberán responder en calidad de tercero civilmente responsable por el monto hasta el del valor asegurado menos el deducible a que haya lugar.

En dialogo con El Universal, Andrés Felipe Figueroa Pérez, abogado defensor de Bertha María Pérez López, manifestó que “es un fallo justo en lo que tiene que ver con mi defendida, pues fue absuelta de toda responsabilidad fiscal. Ha sido un caso complejo, pero en el debate demostramos que Bertha María Pérez López actuó de buena fe como secretaria de Salud encargada de la Gobernación de Bolívar”.

Los cargos y pagos
Así las cosas los seis que resultaron responsables fiscales deben resarcir el daño al Estado, a través de montos de dinero que les fueron cuantificados de acuerdo con su actuación de la siguiente forma, y que podrán pagar en conjunto.
-Ana María del Carmen Álvarez
Cargo: responsable fiscal a título de dolo, deberá pagar la suma de $19.227’732.679 de manera solidaria con Nacha Newball, la Fundación Ciénaga de la Virgen, Asistegral IPS S.A.S. y Luis Eduardo Ortiz Herrera.
-Nacha Newball Jiménez.

Cargo: calificada como responsable fiscal a titulo de dolo.

Monto a pagar: $26.274’941.695 de manera solidaria con Ana Maria del Carmen Álvarez, Fundación Ciénaga de la Virgen , Asistegral y Luis Eduardo Ortiz

-Fundación Ciénaga de la Virgen

Cargo: responsable fiscal a título de dolo.

Monto a pagar: $9.282’571.747 en solidaridad con Ana María Álvarez, Nacha Newball y Luis Eduardo Ortiz.

-Asistegral

Cargo: Responsabilidad fiscal a título de dolo

Monto a pagar: $11.117’759.073 en solidaridad con Ana María Álvarez, Nacha Newball y Luis Eduardo Ortiz

- Juan Carlos Gossaín

Cargo: Responsabilidad fiscal a título de culpa grave.

Monto a pagar: $1.205’120.802 en solidaridad con Nacha Newball y Luis Eduardo Ortiz

-Luis Eduardo Ortiz

Cargo: Responsabilidad fiscal a título de culpa grave

Monto a pagar: 26.274’941.695 en solidaridad con Ana María Álvarez, Nacha Newball y Fundación Ciénaga de la Virgen, y Asistegral y Juan Carlos Gossaín

Gossaín responde
A través de un comunicado, el exgobernador Bolívar, Juan Carlos Gossaín, se pronunció aclarando que no existe relación alguna con el cártel de hemofilia de Córdoba. Además precisó que “durante cuatro años se ha intentado asociar el pago por cumplimento de tutelas a pacientes hemofílicos, que en el caso de Bolívar está más que probada su existencia y la prestación del servicio, con el denominado Cartel de la Hemofilia ocurrido en Córdoba donde no existían pacientes y por tanto no hubo atención alguna. “La Contraloría General ha dicho en su sentencia, que realicé la debida vigilancia frente a la delegación ejercida por la Secretaría de Salud. Únicamente me atribuye el pago en el año 2012 de una resolución, en la misma forma que lo había venido realizando la superintendencia de salud mientras duró la intervención de esta dependencia pero sin que extrañamente, a la superintendencia se le haya vinculado al proceso. Después de haber iniciado imputando cargos por más de $25.000 millones de pesos, la sanción que me imponen es de $. 1.205 millones, si bien considerable, desproporcionadamente alejada de la escandalosa cifra declarada a los medios de comunicación. Esta medida la he apelado de inmediato. Así como desvirtúe en esta primera instancia la mayoría de supuestos, con todas las pruebas que resultaron a mí favorables, haré lo mismo con esta resolución que ni siquiera fue por una tutela presentada durante mi gobierno y donde mi única intervención fue darle cumplimiento a una sentencia judicial del año 2009. En un mes aproximadamente deberá resolverse la apelación de esta primera instancia. He dado y seguiré dando la cara siempre frente a cualquier actuación pública realizada en mi trayectoria política”.
La investigación

La investigación fiscal se originó como resultado de una auditoría realizada en su momento por la Contraloría Delegada para el Sector Social sobre el manejo de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), donde se detectó que la Secretaria de Salud Departamental de Bolívar reconoció y pagó servicios POS y medicamentos No POS, obrando bajo el amparo de unos fallos de tutela que le ordenaban garantizar el derecho de los pacientes diagnosticados con hemofilia, a recibir el medicamento y el tratamiento necesario para el manejo de su enfermedad.

En virtud de lo anterior y sin mediar contrato alguno, durante el período 2012-2013 la Secretaría de Salud Departamental de Bolívar pagó a la Fundación Ciénaga de la Virgen, por la atención de 8 pacientes, la suma de $9.513 millones.

En iguales condiciones, durante el período 2013-2014, pagó $10.726 millones a Asistencia Integral de Servicios en Salud IPS SAS (Asistegral), por la atención de 12 pacientes.

En ambos casos, la Contraloría estableció que estos pagos se realizaron sin que existiera certeza de la prestación efectiva del servicio y, además, en la facturación cancelada no se discriminaron en detalle los servicios efectivamente prestados a los pacientes.