De acuerdo con los resultados de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República a los 117 municipios de Colombia que recibieron entre 2009 a 2011 los denominados ‘Bonos Agua’ o ‘Bonos Carrasquilla’, reveló que en 27 municipios de los 117 (en el 23%), hay obras inconclusas. Para el caso de Bolívar, de los 21 municipios que recibieron créditos, en 11 hay obras que no se han terminado o no funcionan.
Como una de las conclusiones de las visitas técnicas realizadas por la Contraloría durante la auditoría, se evidenció que la infraestructura de los acueductos, plantas de tratamiento, entre otras obras contratadas con recursos provenientes del crédito de bonos de agua, “no fueron terminadas, ni entregadas a los municipios, o que al revisar los diseños y especificaciones técnicas se encontraron faltantes de obra y por tanto se clasifican como inconclusas, con la consecuencia de no prestar servicio a la comunidad”.
En Bolívar los 6 municipios que tienen está situación son: Altos del Rosario, corregimiento de San Isidro Adelante; El Peñón, corregimiento Buenos Aires y el corregimiento Chapetona; San Fernando, corregimiento Dios Me Vea, corregimiento La Guadua y corregimiento Jolón; Santa Catalina, Turbana y Clemencia.
El informe de la Contraloría indica además que existen obras que fueron terminadas y recibidas por las entidades territoriales contratantes, pero que no se encuentran en funcionamiento y en ninguna época lo estuvieron, de manera que a pesar de estar construidas, no prestan el servicio para el cual fueron contratadas.
“En el 35% de los municipios auditados, a pesar que se terminaron las obras, estas no están en funcionamiento, afectando a la comunidad que sigue sin recibir el servicio”.
Este es el caso de los municipios de El Peñón, corregimiento La Humareda y el corregimiento Castañal; Altos del Rosario, vereda San Isidro; San Fernando, corregimiento Las Bateas; Santa Rosa de Lima, Margarita Botón de Leiva; Arenal, El Guamo y Barranco de Loba.
El ente de control advierte también que menos de una quinta parte de los municipios analizados registraron una cobertura total de acueducto (urbano y rural), mayor o igual al 90%, en el período 2016-2017.
Unos 35 de 108 municipios, que equivalen al 32%, registraron una cobertura total de acueducto (urbano y rural) menor al 50% en el período 2016-2017, lo que refleja una situación bastante compleja en materia de provisión del servicio de acueducto en sus respectivas jurisdicciones.
Este es el caso de Norosí, El Guamo, San Jacinto y San Jacinto del Cauca. Este último con el agravante de estar entre los 8 municipios con los niveles más críticos de cobertura total de acueducto, es decir, inferior al 20%.
En cuanto a la cobertura total de alcantarillado (urbana y rural), se identificó que seis municipios de Bolívar (Marialabaja, Hatillo de Loba, Norosí, Altos del Rosario, Margarita y San Fernando), registraron una cobertura menor del 50%, al igual que otros 44 municipios del país.
Los créditos de los 117 municipios ascendieron a más de $440 mil millones, de los cuales $53.652 millones fueron distribuidos en 21 municipios de Bolívar, en donde San Martín de Loba y San Fernando hacen parte de los municipios con mayor pago de intereses, con $4.976 y $3.559 millones respectivamente. En otros 10 municipios el ente regulador constató que han pagado más de una vez el valor del crédito en intereses.
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de la República considera que “la ejecución de los recursos relacionada con la contratación financiada con recursos de ‘Bonos de Agua’, no resulta conforme, en todos los aspectos significativos, frente a los criterios relacionados con la materia auditada, por tanto, se emite concepto incumplimiento material”.
En el informe, la Contraloría resalta que las condiciones de los préstamos adquiridos por los municipios “no fueron las más favorables por las tasas de interés pactadas y la restricción del prepago de las deudas”.
Los “Bonos de Agua” hacen referencia a una modalidad de créditos, impulsada por el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, otorgados a los municipios colombianos entre 2009 y 2011, para los que entregaron como garantía de pago sus ingresos futuros provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), lo que hoy tiene en quiebra a muchas poblaciones, ya que se endeudaron excesivamente.
Comentarios ()