Luego que los habitantes del corregimiento de Micoahumado, en zona rural de Morales (sur de Bolívar), realizaran el lunes una protesta por el supuesto atropello de la Fuerza Pública en medio de una operación de allanamiento, las autoridades departamentales programaron una mesa de trabajo para este jueves, en la que estarán miembros de la comunidad, con el fin de revisar la situación y las quejas.
“Este jueves realizaremos una mesa de trabajo para revisar la situación de Micoahumado y escuchar las quejas de la comunidad. Esta contará con la participación de las autoridades militares y civiles, así como de los organismos de control y la comunidad”, indicó el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz.
Los manifestantes aseguran que las operaciones militares que se ejecutan en la zona habrían incurrido en atropellos a sus derechos tanto por parte de la Fuerza Pública, como de los grupos armados que delinquen en la región. Por ello exigen al Estado garantías para la permanencia en el territorio.
“El lunes en la madrugada entró la Fuerza Pública tumbando puertas con ordenes de capturas, señalando a varios habitantes de ser guerrilleros. La Fuerza Pública no tiene que hacer esos actos, tuvieron todo el día para hacer los operativos sin necesidad de hacer lo que hicieron, es una violación a nuestro derechos en una región donde hemos sufrido la violencia por muchos años; no podemos seguir pagado las consecuencias, en el corregimiento han ocurrido asesinatos y retenciones”, dijo Pablo de Jesús Santiago, fiscal de la Federación Agrominera del sur de Bolívar (Fedeagromisbol).
De acuerdo con la personera de Morales, Melissa Pereira, la manifestación es la respuesta a una serie de acontecimientos en esta población. El operativo del 15 de julio terminó siendo un detonante, pues los manifestantes señalan que los capturados solo serían miembros de la comunidad, y no colaboradores de los grupos armados.
“Ellos manifiestan que no hay garantías para permanecer en el territorio, por tanto hicieron la movilización”, indicó Pereira. Agregó que “la situación es de conocimiento del Ministerio Público y se activó la ruta con las entidades que tienen competencia”.
Por su parte, el Ejército, a través de la Fuerza de Tarea Marte, manifestó que las capturas hechas la madrugada del 15 de julio en los municipios de Norosí, Tiquisio y Morales, fueron ordenadas por la Fiscalía 151. En el operativo aprehendieron a 12 personas, presuntamente integrantes del Frente Luis José Solano Sepúlveda del Eln. Nueve de ellas cayeron en el corregimiento de Micoahumado.
Estas personas, al parecer, se dedicaban extorsionar a comerciantes, ganaderos y mineros de la región sur de Bolívar. Los capturados fueron trasladados a Cartagena en donde se legalizaron las capturas y se adelantarán los procesos por los delitos de concierto para delinquir agravado, rebelión y extorsión.
El gobernador Dumek Turbay precisó que se están brindando las garantías a los capturados para que puedan ejercer su derecho de defensa y se les respete el debido proceso.
Luego que los habitantes del corregimiento de Micoahumado, en zona rural de Morales (sur de Bolívar), realizaran el lunes una protesta por el supuesto atropello de la Fuerza Pública en medio de una operación de allanamiento, las autoridades departamentales programaron una mesa de trabajo para este jueves, en la que estarán miembros de la comunidad, con el fin de revisar la situación y las quejas.
“Este jueves realizaremos una mesa de trabajo para revisar la situación de Micoahumado y escuchar las quejas de la comunidad. Esta contará con la participación de las autoridades militares y civiles, así como de los organismos de control y la comunidad”, indicó el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz.
(Lea aquí: Comunidad de Micoahumado, sur de Bolívar, pide que se respeten sus derechos)
Los manifestantes aseguran que las operaciones militares que se ejecutan en la zona habrían incurrido en atropellos a sus derechos tanto por parte de la Fuerza Pública, como de los grupos armados que delinquen en la región. Por ello exigen al Estado garantías para la permanencia en el territorio.
“El lunes en la madrugada entró la Fuerza Pública tumbando puertas con ordenes de capturas, señalando a varios habitantes de ser guerrilleros. La Fuerza Pública no tiene que hacer esos actos, tuvieron todo el día para hacer los operativos sin necesidad de hacer lo que hicieron, es una violación a nuestro derechos en una región donde hemos sufrido la violencia por muchos años; no podemos seguir pagado las consecuencias, en el corregimiento han ocurrido asesinatos y retenciones”, dijo Pablo de Jesús Santiago, fiscal de la Federación Agrominera del sur de Bolívar (Fedeagromisbol).
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De acuerdo con la personera de Morales, Melissa Pereira, la manifestación es la respuesta a una serie de acontecimientos en esta población. El operativo del 15 de julio terminó siendo un detonante, pues los manifestantes señalan que los capturados solo serían miembros de la comunidad, y no colaboradores de los grupos armados.
“Ellos manifiestan que no hay garantías para permanecer en el territorio, por tanto hicieron la movilización”, indicó Pereira. Agregó que “la situación es de conocimiento del Ministerio Público y se activó la ruta con las entidades que tienen competencia”.
Por su parte, el Ejército, a través de la Fuerza de Tarea Marte, manifestó que las capturas hechas la madrugada del 15 de julio en los municipios de Norosí, Tiquisio y Morales, fueron ordenadas por la Fiscalía 151. En el operativo aprehendieron a 12 personas, presuntamente integrantes del Frente Luis José Solano Sepúlveda del Eln. Nueve de ellas cayeron en el corregimiento de Micoahumado.
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Estas personas, al parecer, se dedicaban extorsionar a comerciantes, ganaderos y mineros de la región sur de Bolívar. Los capturados fueron trasladados a Cartagena en donde se legalizaron las capturas y se adelantarán los procesos por los delitos de concierto para delinquir agravado, rebelión y extorsión.
El gobernador Dumek Turbay precisó que se están brindando las garantías a los capturados para que puedan ejercer su derecho de defensa y se les respete el debido proceso.
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