Una amarga sorpresa se llevaron los trabajadores de Asomenores el pasado viernes cuando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) anunció que esta asociación ya no será la operadora de los Centro de Atención Especializada (CAE) y Centro de Internamiento Preventivo (CIP), que funcionan en el municipio de Turbaco. Por eso preocupados por su futuro laboral, ayer hicieron un plantón en el que además de exigir respeto a su derecho al trabajo, se conocieron otras irregularidades como el retraso en el pago de salarios.
Los empleados argumentaron que a la fecha no han sido notificados del cambio de operador y además desde el año pasado han padecido por el retraso en el pago de salarios y prestaciones, por lo cual temen que el cambio los deje en un limbo laboral.
“Desde el año pasado venimos padeciendo por los sueldos, se venían atrasando también en prestaciones y parafiscales. Pero ahora es más grave la situación porque el operador Asomenores solo funcionará hasta el 9 de abril, a partir del 10 llega uno nuevo y lo que nos preocupa es que vamos a quedar desamparados, queremos saber qué va a pasar con nuestros trabajos porque todos tenemos familias y niños, vamos a quedar sin empleo, desamparados y sin nadie que nos responda”, expresó Oswaldo Segovia, docente del centro.
Agregaron que además están en desacuerdo con el procedimiento pues aseguran que no fueron notificados sino que se enteraron del cambio a través de los medios de comunica
“Nos preocupa cómo se ha dado este procedimiento porque los primeros días de febrero el director regional llegó hasta acá, para hacer unas supuestas “supervisiones” y al finalizar supimos que era el nuevo operador, lo cual denunciamos, luego el pasado sábado a través de El Universal el instituto publicó que Asomenores será entregado a Hogares Claret”, expresó Pedro Matos, pedagogo.
Lucy Lascarro, directora de Asomenores, manifestó que “hay varias situaciones que los afectan”, en cuanto a la demora en el pago, aseguró que hubo retrasos por parte del ICBF en diciembre y eso requirió unos trámites nacionales, respecto a enero dijo que ayer en la tarde se pagaron y están metiendo las cuentas de febrero.
“Con el procedimiento que hay que hacer los meses se pagan vencidos, a menos que tengamos cofinanciación de los entes territoriales que en estos momentos no tenemos, eso se da después”, dijo Lascarro.
En cuanto al cambio de operador manifestó que “no ha habido un debido proceso” pues Asomenores no es una ONG, es una asociación compuesta, además del ICBF, por varios entes como la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía, la Policía y el Sena, los cuales según manifestó Lascarro no fueron notificados del cambio, agregó que para disolver la asociación se necesita un año de antelación.
“Los estatutos prevén que para un cierre tienen que tener conocimiento previo y para que se dé el proceso de liquidación de la asociación necesita aproximadamente un año de antelación para cubrir las contingencias laborales o de acreencias, nosotros por ser una asociación de origen indefinido contamos con personas laborando desde 1992, y situaciones especiales y pre pensionados”.
Aunque el ICBF manifestó que la decisión de cambiar de operador habría sido tomada luego de “recibir un informe de la Procuraduría Judicial de Magdalena y ante la verificación de situaciones que estarían afectando el proceso restaurativo y pedagógico de los jóvenes al interior de los centros de atención”, Lascarro explicó que “hemos sido un excelente operador, pero el cambio en la ley de seguridad ciudadana nos afectó así como al resto del país, no es justo que por una visita corta, consideren que se cierra, ademas no tenemos conocimiento del cuerpo del acta de esa visita. Somos muchas personas que hemos dado nuestra vida en esto y con esta decisión se minimizan los esfuerzo que hacen las instituciones y la experiencia de los equipos”.
Sumado a la inconformidad por el cambio de operador, Lascarro expuso la precariedad de la infraestructura, la cual aseguró que tiene un proyecto desde 2014 para ser restaurada pero a la fecha la obra nunca terminó y está abandonada.
“Cuando comenzó la ley de seguridad ciudadana se manifestó que la infraestructura del lugar no fue construida para la atención de la ley por lo que se requerían reformas en la infraestructura, las cuales el ICBF aseguró que ejecutarían en el 2011, en 2013 se ratificó la necesidad de la infraestructura, en 2014 empezó la obra y luego se paralizó y nunca más se retomó”.
A través de un comunicado, el ICBF Regional Bolívar aclaró que entre los empleados de los operadores de servicios contratados por el ICBF y el instituto no existe una relación laboral, lo cual está establecido por la cláusula décimo séptima del contrato entre ICBF y el operador.
Aclararon además que el ICBF no tiene pagos pendientes con el operador de servicios para las modalidades Centro de Atención Especializada (CAE) y Centro de Internamiento Preventivo (CIP), las cuales funcionan en el municipio de Turbaco.
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