Los exalcaldes del municipio de Ayapel Pedro Julio Márquez Rivera, Humberto Ramón Pupo Pastrana y Gustavo Julio Martínez fueron capturados por orden de la Fiscalía General de la Nación por posibles irregularidades en la ejecución de contratos para vivienda de interés social y la Planta Beneficiadora de Ganado de ese municipio entre 2004 y 2007.
El ente los sindica de ser los posibles responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado, interés indebido en celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.
En el caso de Pedro Julio Márquez Rivera, el fiscal le impuso dos medidas de aseguramiento: una por posibles irregularidades cometidas en la ejecución del Proyecto de Vivienda de Interés Social Rural, efectuado para beneficiar a 37 familias de clases desfavorecidas, y la segunda por presuntas violaciones en la contratación de la Planta Beneficiadora de Ganado.
Así mismo a Humberto Ramón Pupo Pastrana, quien fue designado por la gobernación durante ese periodo dado que Márquez Rivera se encontraba prófugo de la justicia, le fue impuesta la medida de aseguramiento con detención domiciliaria por la planta de ganado y a Gustavo Adolfo Julio Martínez, quien se desempeñó como secretario de Obras Públicas y alcalde encargado durante el 2007 por designación de Pupo Pastrana, lo vincularon porque durante el encargo tuvo bajo su responsabilidad la liquidación de la Planta Beneficiadora de Ganado.
En el mismo proceso la Fiscalía investiga a un secretario de despacho de la época. Se trata de Jairo Alberto Torres Nedys, quien se desempeñaba como tesorero y fue el encargado de los pagos correspondientes a la mencionada Planta Beneficiadora de Ganado.
La misma medida cobijó al director ejecutivo de la Asociación de Municipios del San Jorge, Asosanjorge, Jorge Luis Madrid Novoa, porque la contratación se adelantó a través de la mencionada entidad.
Señala la Fiscalía que la contratación para la vivienda de interés social, cuyo costo ascendió a 420 millones de pesos, y la Planta Beneficiadora de Ganado, por un valor de 600 millones de pesos, no se debió adelantar por convenios como se hizo con Asosanjorge, ya que estas debieron realizarse a través de licitación pública.
Comentarios ()