La Procuraduría General anunció que formuló pliego de cargos al ex gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Gnecco y al ex alcalde de Valledupar Fredys Socarrás Reales.
Los cargos del ministerio Público son por presuntas irregularidades contractuales, según informó la misma Procuraduría en sus sitio web.
También reprochó el comportamiento de los exsecretarios General César Cerchiaro de La Rosa y de Educación de la Gobernación del Cesar Juan Carlos Calderón Araujo, por, al parecer, vulnerar “el principio de transparencia y selección objetiva al suscribir el estudio previo del proceso de selección No. LP-SGR-0004-2013, y firmar la Resolución 001713, que adoptó el pliego de condiciones para el proceso contractual y el contrato No. 2013-02-0808”.
Las acusaciones en contra del exgobernador se sustentan en que no ejerció sus labores de control y vigilancia en la etapa precontractual de un proceso de la Secretaría de Educación.
“En el caso del exmandatario departamental, la Procuraduría le cuestionó presuntamente no ejercer control y vigilancia en la etapa precontractual del proceso, y en la celebración del negocio jurídico, lo que habría permitido que el entonces secretario de Educación determinara como modalidad de contratación la licitación pública, cuando correspondía adelantar una selección abreviada, teniendo en cuenta que se trataba de acuerdo de voluntades para la dotación de vestido y calzado de los docentes adscritos al departamento”, señaló la Procuraduría.
Además, se dice que en el pliego de condiciones adoptado por el exfuncionario se incluyeron presuntos criterios no objetivos y una condición que pudo restringir la libre ocurrencia de oferentes.
CARGOS A EXALCALDE
Entre tanto, los cargos contra el ex alcalde de Valledupar Fredys Socarrás Reales son también por presuntas irregularidades en la suscripción del pliego de condiciones, en una subasta inversa, de número SASI 015-2015, por cerca de $2.000 millones.
“Además, reprochó el presunto actuar irregular de la exjefe de la Oficina Jurídica, Mery María Romero Mestre, al adjudicar la subasta a través de la Resolución No. 003892 y celebrar el contrato 784, del 28 de diciembre de 2015, sin presuntamente tener en cuenta que el pliego, al parecer, tenía condiciones restrictivas y discriminatorias de la libre concurrencia de oferentes”, añade la publicación de la Procuraduría.
El ente de control sostuvo que hubo una presunta vulneración al principio de transparencia y responsabilidad y calificó la supuesta falta de los investigados a título de culpa gravísima.
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