Dos hallazgos con presunta incidencia fiscal, por 1.923 millones de pesos encontró la Contraloría General de la República en la empresa Aguas del Cesar.
Este resultado se da al auditar el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) por parte de la gobernación del Cesar.
El hallazgo de mayor cuantía al que hace referencia el ente de control fiscal está relacionado con 1124 millones de pesos derivado del convenio 135 de 2013 y el cual fue suscrito por Aguas del Cesar con la gobernación del departamento. Con base en este se suscribió el contrato de consultoría 026 de 2014, para la formulación del Plan maestro de alcantarillado del municipio de Codazzi.
Según precisa la Contraloría, en las pesquisas realizadas no se encontraron soportes del factor multiplicador estableció allí, tales como contratos laborales, pagos de seguridad social y gastos de administración. Esto señala la entidad “indica que no pudo haberse realizado la actividad propia del contrato o ejecución del mismo tal como fue planificada”.
“En el presupuesto oficial se estableció un valor de 405 millones de pesos en relación con los costos diferentes a sueldos, sin embargo, la propuesta del contratista presenta un valor de 667.2 millones de pesos”, señaló la Contraloría y precisa que esto significa un incremento que elevó estos costos en un 165 por ciento, sin que exista una justificación técnica.
La misma circunstancia se repita en cuanto a la manera como se elevaron los costos indirectos de gastos de organización, estos en un 222 por ciento, en relación con el presupuesto oficial.
“El material de soportes contables es incompleto”, dijo el ente de control.
Frente a los pagos de seguridad social la CGR señaló que se evidencia un personal dependiente del Contratista Consultor, sin que haya certeza de que estos estuvieran vinculados a la Consultoría, “no se encuentran soportes como contratos laborales, pagos de cesantías, dotaciones, liquidaciones y demás pagos estipulados en el factor multiplicador aceptado y que demuestren la condición de vinculación laboral”.
Los pagos de seguridad social tampoco corresponden a la oferta económica presentada, dice la Contraloría.
“Este hallazgo con presunta incidencia fiscal podría comprometer a la gerente de Aguas de Cesar, Ledys Nieves Miranda, el contratista Miguel Ángel López Camargo, el interventor: la Unión Temporal Interventoría Codazzi y el representante legal Oldrin Jamit Osorio Torres”, señala la Contraloría.
FALTA DE SOPORTES
El segundo hallazgo fiscal, esta vez por 7998 millones de pesos, está relacionado con el contrato de consultoría 028 de 2014 celebrado por Aguas del Cesar. El objeto en este caso era actualizar el diagnóstico institucional del estado actual de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
“En las carpetas del contrato se estableció el factor multiplicador, no obstante, no hay soportes de este, tales como contratos laborales, pagos de seguridad social y gastos de administración lo que indica que no pudo haberse realizado la actividad propia del contrato o no haberse ejecutado en realidad de acuerdo a la planeación del mismo”, precisó el organismo de control.
En el análisis hecho sobre los contratos de prestación de servicios se determinó que la Directora de Consultoría, el profesional de apoyo social, los profesionales en Economía y Derecho, estaban vinculados por contratos de prestación de servicios y no por contrato laboral con una dedicación del 100 por ciento de la jornada durante los seis meses de vigencia del contrato.
En este caso se señala que “no se generan para el empleador las acreencias laborales descritas en el factor multiplicador. Para todos los profesionales vinculados se pactó una remuneración por hora que no guarda concordancia con la oferta”.
LAS CONCLUSIONES DE LA CGR
En el informe se establece que los hechos narrados permiten evidenciar una supervisión administrativa y financiera deficiente y una inversión de recursos públicos no sustentada, “lo que deja entrever la ausencia de control por parte de la gobernación del Cesar y Secretaría de Infraestructura, a quienes correspondía ejercer el deber de supervisión y control”.
Este hallazgo, con presunta incidencia fiscal, podría comprometer a la gerente de Agua del Cesar, Ledys Nieves Miranda, el contratista Microeconómicas y macro jurídicas estudios e investigaciones SAS, la representante legal Alcira Tapia Henríquez y la supervisora Yaneth Arenas Flores.
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