Regional


Cinco abogados del “carrusel de la educación” se declararon culpables

NIDIA SERRANO M.

13 de marzo de 2013 12:01 AM

Los abogados habían sido capturados en un fuerte operativo que se realizó en Montería, pero recuperaron la libertad por errores en el procedimiento de legalización de las capturas.
Cinco de los 13 abogados que están vinculados al desfalco de 64 mil millones de pesos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales se declararon culpables, tras la realización de nuevas audiencias de legalización de capturas.
Aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía Tony de Jesús Luna Espitia, exfuncionario de la secretaría de Educación y Fernando Mendoza Vellojín, abogado de Cereté. Ambos fueron trasladados a la cárcel de Corozal.
Ya habían aceptado su culpa Gustavo Rhenals Nova, Robert de Jesús Montes y Daniel Eduardo López, a quienes la Fiscalía les imputó los delitos de peculado por apropiación agravado por la cuantía como intervinientes, falsedad material en documento público y privado agravado, por el uso, prevaricato como intervinientes y peculado también en tentativa como intervinientes.
Entre tanto, el abogado de Cereté Lefther Herrera Taboada, quien se entregó voluntariamente al CTI, tras una nueva orden de captura, dijo que está dispuesto a demostrar su inocencia y que se limitó a firmar unos poderes que le entregó un reconocido personaje de Cereté, pero que luego había desistido de los mismos. Sin embargo, las autoridades le dictaron medida de aseguramiento, sin beneficio de excarcelación y fue enviado a la cárcel nacional Las Mercedes de Montería.
Hay que recordar que los abogados habían sido capturados en un fuerte operativo que se llevó a cabo en la capital cordobesa, pero recuperaron la libertad tras errores en el procedimiento de legalización de las capturas. Ante esa situación, la Fiscalía decidió expedir nuevas órdenes de capturas.
En su oportunidad fueron capturados el juez promiscuo del circuito de Planeta Rica, Ángel Darío Aycardi Galeano, quien estaría en Bogotá buscando condiciones de entrega y el secretario del mismo juzgado, Germán Agustín Albarino Otero.
De igual forma están en el proceso conocido como el “Carrusel de la Educación” los hermanos Heliodoro Alfredo Agámez Pineda y Jaime Agámez Pineda, Alfredo José Agámez Venegas, Óscar Luis Vidal Arrieta, Luz Helena Polo Rodríguez y  Libardo José Morales Jiménez, quienes aún no han definido su situación judicial.
Durante la investigación los organismos competentes llamaron a por lo menos 250 maestros y todos coincidieron en que no habían dado poderes a los abogados para hacer las respectivas reclamaciones de pensiones con las cuales pretendían defraudar al Estado con cuantías cercanas a los 250 mil millones de pesos.

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