Regional


Combatir la ilegalidad, una de las órdenes de Petro en el sur de Bolívar

Al término del consejo de seguridad realizado en el municipio de San Pablo, esta fue una de las conclusiones del presidente de la República.

MÓNICA MEZA ALTAMAR

20 de agosto de 2022 06:00 PM

Para presidir “un consejo de seguridad integral”, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, arribó este sábado al municipio de San Pablo, en el sur del departamento de Bolívar. Lea: ¿Qué hace el presidente Gustavo Petro en el sur de Bolívar?

Al término de la reunión, a la que asistieron altos funcionarios del Gobierno nacional como el ministro de Defensa, Iván Velásquez; el gobernador de Bolívar, Vicente Antonio Blel; el alcalde de San Pablo, Omar Bohórquez; y miembros de la Fuerza Pública, el mandatario hizo un pronunciamiento con conclusiones sobre las temáticas abordadas. Lea: Presidente Petro suspendió órdenes de extradición de negociadores del ELN

“Hemos terminado un consejo de seguridad integral porque hemos querido que se escuchen las voces de la institucionalidad civil, alcaldes, fundamentalmente; Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Fiscalía... Las voces de la comunidad y de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”, indicó inicialmente el mandatario.

Y precisó: “El consejo es sobre el Magdalena Medio, al norte de Barrancabermeja, básicamente el sur de Bolívar, pero también tiene que ver con otras regiones y subregiones de este territorio”. Luego, dio a conocer las conclusiones sobre lo discutido con las autoridades presentes.

“Lo primero es la indicación que toda la autoridad civil, militar y policial debe girar en torno a la defensa de la población como primer objetivo. Sabiendo que la región tiene riquezas ambientales acuáticas, económicas, petroleras, agrarias, agroindustriales, etcétera, el principal objetivo de toda autoridad civil, militar y policial es antes que nada la vida de la población que habita en el territorio”, resaltó Petro.

En segundo lugar, señaló: “Encontramos un problema que habilita la descoordinación de entidades territoriales, nacionales, en la medida en que nos falla el ordenamiento territorial (...) Por eso, lo que vamos a decidir es que toda entidad nacional ajuste sus jurisdicciones al ordenamiento territorial del Magdalena Medio”.

“Es decir, que a través de la Dirección Nacional de Planeación podamos definir una especie de región, por ahora, que llamaremos Magdalena Medio, y así se organizarán la Policía, Fuerzas Militares, Armada Nacional, Fiscalía, Procuraduría, junto a los alcaldes de los municipios, de tal manera que vaya apareciendo una nueva entidad territorial hacia el futuro, que podría ser el gran departamento del Magdalena Medio. Esta es una decisión que solo deben tomar las poblaciones que habitan este territorio, pero que podemos comenzar a partir de la formación de un gran área metropolitana, que permita autonomía territorial, capacidad de inversión y presupuestal propia en estos municipios, que hoy pertenecen a diversos departamentos, pero que tienen más estrechos lazos entre sí que con sus respectivas capitales”, explicó el presidente.

Draga ilegal que se encuentre, draga ilegal que se dinamita de manera inmediata”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia.

A la Armada Nacional

“Hemos dado instrucción específica a la Armada Nacional para crecer su potencial industrial en Cotecmar, de tal manera que podamos tener una mayor capacidad de fabricación de embarcaciones con dos fines, fundamentalmente. Uno, construir una especie de Satena de las vías fluviales, un sistema de transporte comercial de pasajeros que pueda tener la mejor tecnología posible y seguridad, para hacer de los ríos, y en este caso del gran río Magdalena, antenas de comunicación como antaño eran, no cuerpos que nos aíslan unos de otros”, manifestó Petro.

Así mismo, le ordenó garantizar la eficacia de la interdicción en el mencionado cuerpo de agua, “para desbaratar negocios ilegales y abrir los caminos de la paz”.

“La interdicción es la actividad por medio de la cual no pasa lo ilícito, no debe pasar lo ilícito”, apuntó el gobernante de los colombianos.

Contra la ilegalidad

En el consejo de seguridad en el sur de Bolívar se acordó crear una nueva ruta para atacar la minería ilegal, uno de los grandes problemas del territorio.

Petro aseguró que se buscará el camino jurídico para ejecutar operaciones contra las dragas y que una sola institución estará al frente de este proceso. “Draga ilegal que se encuentre, draga ilegal que se dinamita de manera inmediata”, advirtió.

Para atacar el cultivo de hoja de coca también se entregaron nuevas instrucciones a los alcaldes municipales.

Además, se acordó la creación de una nueva política minera que priorice a los pequeños mineros tradicionales. “Les he pedido a los alcaldes organizar a mineros para hacer una política pública que privilegie al más pequeño, al que más haya vivido de esa actividad”, recalcó Petro.

Con el objetivo de que no contribuyan a la depredación del medio ambiente ni al lavado de activos, la nueva política minera brindaría posibilidades de legalidad a quienes desempeñan esta actividad de manera ilegal, pero contempla la destrucción de dragas a quienes insistan en los delitos antes mencionados.

Para atacar el cultivo de hoja de coca también se entregaron nuevas instrucciones a los alcaldes municipales.

“Organicen las comunidades que contemporáneamente se dedican al cultivo de hoja de coca para iniciar el proceso de sustitución, adicionándole a lo logrado hace cuatro años dos posibilidades. Una que tiene que ver con que los cultivos que se sustituyan, que puedan empezar a producirse en los mismos lugares donde se cultiva la hoja de coca, le permitan a su propietario asociarse para que con ayuda del Estado tengan procesos de agroindustrialización, de tal manera que produzcan más rentabilidad e ingresos a las familias campesinas”, resaltó Petro.

La segunda posibilidad es “sustituir tierras si estas no son tan productivas. A cambio de dejar esa actividad, tierras más fértiles en lugares mejores para la producción de alimentos y agroindustrialización”, agregó.

La última conclusión difundida por el jefe de Estado fue la de “traer por primera vez la universidad pública a este territorio”, para que estas poblaciones vulnerables no tengan dificultades para ingresar a la educación superior.

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