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Condenado por calumnia agravada, exalcalde de El Carmen de Bolívar

EL UNIVERSAL

10 de octubre de 2012 12:01 AM


El juzgado Octavo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, condenó a una pena de 35 meses de prisión y multa de 20 salarios mínimos al exalcalde de El Carmen de Bolívar, Galo Arturo Torres Serra, por el delito de Calumnia agravada contra la senadora Piedad Zuccardi y su esposo. (Lea más sobre el exalcalde Galo Torres Serra y la senanora Piedad Zuccardi)
Desde 2008 y de manera reiterada, Galo Torres acusó a la Senadora Zuccardi de pertenecer a grupos paramilitares, de intentar sobornarlo e incluso de tratar de asesinarlo.
Para la condena se tuvo en cuenta que a raíz de las acusaciones de Galo Torres, Zuccardi le pidió a la Corte Suprema de Justicia que la investigara, pero como el material probatorio no lo ameritaba, no se adelantó investigación ni proceso penal en su contra. 
Además, la Procuraduría General de la Nación también se abstuvo de iniciar actuación en contra de la Senadora por supuesta corrupción, porque no había elementos de juicio para ello.
El fallo enfatiza que el delito cometido por Galo Torres, es grave teniendo en cuenta que  aprovechó su condición de Alcalde electo en la época de los hechos, para tener influencia sobre su comunidad, acceso  a importantes medios impresos de la Costa  Caribe y a emisoras de reconocida audiencia en el país, para  hacer las falsas acusaciones que causaron daños irreparables al buen nombre de la Senadora Piedad Zuccardi.

Sentencia
Galo Torres recibió una condena de 35 meses de prisión, casi la mitad de la pena máxima establecida para el delito de calumnia, tiempo durante el cual, no podrá ejercer cargos públicos.
En la sentencia citó que “se sienta un precedente  para que este tipo de casos no sigan ocurriendo, la calumnia es un instrumento que se viene utilizando frecuentemente  en asuntos políticos para subir la popularidad entre los electores y desprestigiar a los miembros de otros partidos, los jueces tenemos la función de buscar una convivencia pacífica imponiendo penas que protejan a la comunidad y disuadan a sus miembros a no seguir el mal ejemplo”, puntualizó en su providencia el Juez Octavo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá.