La Contraloría General de la República cuantificó en 216.894 millones de pesos el monto del daño patrimonial ocasionado por la Empresa Electricaribe al hacer uso indebido de recursos por este valor, que se le giraron para subsidiar a los usuarios con menores ingresos de la región Caribe.
Según la entidad, tras concluir una indagación preliminar donde se revisaron más de 56 millones de facturas, Electricaribe incurrió en esta práctica durante seis años continuos analizados por la Contraloría, que comprenden las vigencias julio de 2011 a julio de 2017.
“La empresa no aplicó en las facturas de los usuarios, la totalidad de los descuentos correspondientes al subsidio que les otorga el Fondo de Energía Social – FOES a la población de los estratos 1 y 2 de zonas especiales, y destinó estos recursos a la disminución de sus pérdidas”, dice el informe emitido por la Contraloría.
La Contraloría Delegada de Minas y Energía, que realizó esta indagación preliminar, encontró que de 56.751.704 facturas revisadas, 48.405.622 presentan irregularidades en la asignación de estos recursos.
En total, resultaron afectados los usuarios de 183 municipios del mercado atendido por Electricaribe.
Al revisar las diferencias entre el valor del subsidio FOES que debían recibir los usuarios y el que se les aplicó en sus facturas por parte de Electricaribe, se encontró que el departamento más afectado es Atlántico, con $58.466 millones seguido por Córdoba ($44.155 millones), Bolívar ($41.659 millones) y Magdalena ($21.317 millones).
Los municipios más afectados en cada departamento son: Atlántico (Barranquilla con $30.308 millones); Córdoba (Lorica con $10.683 millones); Bolívar (Cartagena con $19.046 millones); Magdalena (Santa Marta con $8203 millones); Sucre (San Onofre con $2453 millones); La Guajira (Maicao con $7.935 millones); y Cesar (Valledupar con $2602 millones).
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