Córdoba nuevamente está en la mira de los órganos de control. Esta vez, la Contraloría General de la República está recaudando pruebas, con el fin de establecer si hubo presuntas irregularidades en el pago de terapias de neurodesarrollo, en medio del escándalo conocido como el Cartel de las Terapias, durante la administración del abogado Alejandro Lyons.

La idea es poner la lupa en cada uno de los procesos, entrevistar paciente por paciente, a los médicos que ordenaron los tratamientos, revisar las facturas y esclarecer el proceso de responsabilidad fiscal por más de 15 mil millones de pesos que enfrenta el departamento. Sugiero leer: Investigadores buscan pistas para esclarecer masacre en Córdoba

De acuerdo con lo señalado por el director de Investigaciones de la Unidad de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría, permanecerán en el ente departamental hasta el jueves 2 de febrero, con el fin de recopilar las facturas, registro individual de prestación de servicios, la epicrisis y, de ser posible, el diagnóstico por cada uno de los pacientes atendidos.

El funcionario explicó además que realizarán entrevistas con los médicos que ordenaron el respectivo tratamiento y a cada uno de los pacientes de los paquetes integrales de neurorehabilitación, tema que es motivo de litigio jurídico por el cobro de unas terapias, que al parecer no se realizaron en su totalidad.

La lupa también será puesta sobre los soportes de los pagos realizados a cada una de las IPS que adelantaron el proceso, entre ellas Fundenal IPS SAS, Funtierra Rehabilitación IPS Ltda., Semillas de Esperanza, Unidad Integral de Terapias, por concepto de los paquetes integrales de neurorehabilitación para la vigencia 2014.

Como se recordará, mediante auto número 104 del 20 de febrero de 2022, la Contraloría de Córdoba dispuso la apertura del proceso de responsabilidad fiscal, por los hechos relacionados con el presunto daño patrimonial, ocasionado por irregularidades en el departamento de Córdoba, con ocasión a la pérdida de recursos públicos, generados por reconocer y pagar, por prestaciones de servicios de salud, consistentes en paquetes integrales de neurorehabilitación.

Dichos servicios eran prestados a pacientes considerados como pertenecientes a la población pobre no cubierta, con subsidios a la demanda, a las IPS Fundenal, Funtierra, Semilla de Esperanza y Unidad Integral de Terapias por valor de 15 mil 173 millones 212 mil pesos.

Una vez analizada dicha información, la Contraloría determinó que era necesario decretar pruebas de oficio y visita especial, permitiendo de esta manera que el profesional determine con certeza, si la atención brindada se le prestó a los afiliados, relacionados en las facturas profesionales que prescribieron los tratamientos, a fin de determinar si estos realmente las ordenaron y si son reales las órdenes médicas.

Como se recordará, este capítulo forma parte del denominado Cartel de las Terapias en Córdoba, en el que están involucrados el exgobernador Alejandro Lyons, el exsecretario de Salud Alfredo Aruachán Narváez, el funcionario Alexis Gaines Acuña y La Previsora S.A.

Una vez recaudadas las pruebas, seguirá con el proceso con el fin de determinar la responsabilidad que se presentó en este hecho que ha motivado múltiples procesos jurídicos en el departamento.