El acuerdo suscrito por el confeso asesino del director de la Oficina de Regalías en Córdoba, el exparamilitar Joicer Hernández, y la Fiscalía fue avalado por el juez, luego que este aceptara los cargos por los delitos de desaparición forzada agravada y homicidio agravado. La condena sería de 23 años y no de 40 como se había establecido.
El preacuerdo establece además una multa superior a los mil salarios mínimos legales vigentes y la petición de perdón a los familiares del ingeniero civil Jairo Zapa Pérez, desaparecido en el año 2014, cuando sostenía una reunión con varios de sus compañeros de trabajo, en una casa del norte de Montería.
La audiencia de verificación del preacuerdo se realizó de manera virtual, desde la cárcel nacional Las Mercedes de Montería, pues el Instituto Nacional Penitenciario, Inpec, no permitió la salida del preso del penal, advirtiendo que se podría fraguar un atentado en su contra o porque podría fugarse.
A través de la señal de televisión pidió perdón a los familiares del joven profesional. “Vengo a ofrecerle disculpas a la viuda de Jairo Zapa por mi delito, por haberle quitado la vida y dejarla sin esposo. Deseo pedirle perdón a sus hijos sinceramente porque tenía sus argumentos para ser buen padre, buen esposo y buen hijo”, dijo de manera serena.
Luego de avalar el preacuerdo, el representante de víctimas, Juan Felipe Amaya, sostuvo que “finalmente se ha materializado, eso implica la aceptación de los dos delitos, desaparición forzada y homicidio agravado y aceptación de responsabilidad por parte de Joice Hernández, lo cual veníamos insistiendo hace algún tiempo. Se han presentado excusas públicas por parte de este señor, hecho que valoramos”.
Como se recordará por este caso hay cinco personas más que están en el proceso de investigación, varias de ellas en libertad por vencimiento de términos. Se trata de Maximiliano García Bazanta, Carlos Pérez, Zuath Naidú López, compañera sentimental del confeso asesino, Jesús Albeiro Torres y Jesús Henao Sarmiento, quien fue sindicado de ser el autor intelectual del hecho.
DENUNCIÓ AMENAZAS
En medio de la diligencia, Hernández denunció que sus familiares han venido recibiendo amenazas para que declare en contra de personas que nada tienen que ver con el crimen del entonces director de regalías, quien manejaba millonarios recursos para contratación de ciencia y tecnología.
“Amenazaron a mi mamá para que yo declarara contra personas que yo nunca he tenido lazos, ni conocimiento, nunca me he reunido con esas personas, ni ninguna relación con Carlos Gómez y Alejandro Lyons. Le dijeron a mi mamá que declarara en contra de ellos sino atentaban contra mí”, señaló el implicado.
Dijo ante la juez que los hombres que llegaron a su casa habían señalado que iban de parte de Orlando Benítez, candidato a la Gobernación de Córdoba. “No sé qué sentido tendrá ese nombre, Orlando Benítez, que venían de parte de esa persona. Sinceramente, no sé quién será esa persona, no quiero que este proceso lo vayan a utilizar ahora mismo en política o no sé sinceramente”.
Pidió seguridad para su familia y señaló que su mamá había tenido que salir de Santa Marta por temor a las represalias que puedan tomar en su contra.
Luego de esas declaraciones se conoció que una comisión de fiscales se trasladará a la cárcel Las Mercedes de Montería con el fin de ampliar las declaraciones hechas por el confeso asesino y de esta manera establecer los detalles del hecho.
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