Millonarios contratos adjudicados a una misma empresa, sin utilizar mecanismos amplios de convocatoria pública; dos firmas distintas que han manejado cientos de millones y que comparten la misma dirección residencial y contratos que se repiten con el mismo objeto, con diferencias notables de costos entre año y año, son algunas de las irregularidades que se investigarán en la Cámara de Comercio de Montería, donde la Contraloría adelantará un proceso auditor.
En los últimos tres años la entidad ha suscrito contratos con las mismas cuatro empresas, todas con nombres extranjeros, por valor cercano a los 8.500 millones de pesos. De esa suma 3.398 millones 131 mil pesos fueron con Alliance Effort EU, entre los cuales figuran dos de promoción de matrículas por 1.576 millones de pesos, dos asesorías por 849 millones, dos contratos de recaudo de cartera por 200 millones de pesos y una consultoría por 772 millones 500 mil pesos.
La segunda mayor contratación fue con Innovemp Korperschaft S.A.S a la que adjudicó recursos por 3.026 millones de pesos para seis contratos, de los cuales cinco son de asesorías por valor de 2.576 millones de pesos y uno para la creación e implementación del Centro Digital de la Cámara de Comercio por valor de 450 millones de pesos.
Sigue en su orden Prosjekt Og Forsk Colombia S.A.S, con la que firmaron seis contratos por valor de 1.836 millones 570 mil pesos. Esta empresa ha sido la encargada de hacer los censos y estudios de investigación relacionados con el comercio, entre ellas encuestas de percepción de seguridad por las que se pagaron cerca de 617 millones de pesos.
En su orden sigue la firma llamada Rechts & Steuern, Corp S.A.S a la que le adjudicó el contrato 006-19 por 184 millones de pesos para hacer un estudio socio jurídico de los conflictos de los comerciantes de Montería, el cual tuvo una duración de dos meses y 20 días.
Dentro de los objetos figuran por ejemplo encuestas de percepción de la seguridad del comercio, censos, y otros estudios que oscilan entre los 250 millones hasta 336 millones 570 mil 900 pesos, algunos con una duración inferior a los dos meses.
El listado también incluye ocho contratos de asesorías, los cuales ascienden a 3.990 millones de pesos. El de más alto valor es el número 015/17 por 756 millones para asesoría y capacitación consultoría comercio electrónico, durante seis meses. Sigue otro, el 007/17 por valor de 580 millones para asesoría, capacitación, sensibilización comercio informal de Montería, cuyo tiempo de ejecución fue de cuatro meses.
En la misma dirección
Las presuntas irregularidades en la contratación de la Cámara de Comercio de Montería fueron en conocimiento de la Contraloría para que adelanten la investigación correspondiente.
Dentro de las mismas se establece que hay dos empresas, Innovemp Korperschaft S.A.S y Rechts & Steuern, Corp S.A.S a las que le han adjudicado contratos, por un valor total de 1.574 millones de pesos, correspondientes al 007, 010 y 012 en el 2019, y 184 millones del contrato número 006/19 respectivamente, que comparten la misma dirección.
Ambas figuras en la carrera 12 No. 53-42 oficina 804 Torre 3, de la ciudad de Montería, según consta en los certificados expedidos por la Cámara de Comercio.
Los delegados del presidente de la República ante la junta directiva, Jairo Díaz Sierra y Adriana Cote Velosa, calificaron esa situación de irregular, aduciendo que no es habitual que dos empresas compartan la misma ubicación y que ambas, a la vez, sean contratistas de la entidad.
Coincidieron en que habían pedido explicaciones a la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio, pero que estas no los dejaron satisfechos.
Con el mismo objeto
Otro de los datos que analizará la Contraloría son los contratos cuyos objetos se repiten. Dentro de ese listado figuran el 024-16 que se hizo con Prosjekt Og Forsk Colombia S.A.S, por valor de 536 millones 570 mil pesos para hacer estudios y encuestas que permitieran recolectar datos para identificar la victimización y percepción de seguridad pública en los establecimientos comerciales de Montería, Cereté, Lorica, Sahagún y Planeta Rica en el año 2016.
Ese mismo objeto se repitió en el contrato suscrito en este 2020, pero además incluía otros municipios y el valor del contrato fue de 280 millones de pesos. “Contratos con la misma finalidad a los 4 años, pero no se explica, cómo siendo el mismo objeto, en el año 2016, para un menor número de municipios del departamento de Córdoba, costó mucho más que el contrato celebrado con la misma empresa para el año 2020, con más municipios dentro del campo de acción del contrato”, señala la advertencia hecha a la Contraloría.
En el 2018 se vuelve a contratar el mismo estudio, con la misma firma, y en enero de 2020, habiendo pasado tan solo un año del periodo contractual 2018, se repitió la historia con los mismos actores.
Los dos miembros de la junta directiva hicieron duras críticas porque en el año 2019 se gastaron $2.328.867.500 en campañas empresariales, lo que representa un 26% del presupuesto de la entidad y se pagaron en comisiones de recaudo y promoción del registro mercantil, la suma de $ 1.171.545.505 lo que representa un 13% del presupuesto de dicho año.
Advierten que en la contratación de los año 2016, 2017, 2018, 2019 y en lo que va corrido en el año 2020, se repiten en similares circunstancias y su utilidad y beneficio para un comercio deprimido no tiene justificación.
Pidieron control
Ante las presuntas irregularidades detectadas pidieron a los organos de control que ejerzan una vigilancia especial sobre toda la contratación de la entidad en los últimos cuatro años.
También insisten en que es necesario evaluar la gestión fiscal de la administración y los resultados que ha obtenido en el uso de los recursos públicos, además del cumplimiento de las funciones que ejerce la junta directiva en la gestión, control y buen uso de los dineros públicos que maneja la entidad.
Hay que indicar que los miembros principales de la junta directiva escogidos por el comercio son Jorge Elicer Doria Corrales, Álvaro Sepúlveda Salgado, Gloria Inés Díaz Tapia y Mario Fidel Díaz Ibañez. Los designados por el Gobierno son Jairo Díaz y Adriana Cotes, mientras que su director a lo largo de los últimos años ha sido Félix Manzur Jattin.
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