Destituido e inhabilitado alcalde de Puerto Escondido

12 de agosto de 2015 12:00 AM

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En un fallo de primera instancia la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó al Alcalde  de Puerto Escondido, Córdoba, Camilo Torres, por presuntas irregularidades al contratar los recursos de regalías.

Así lo indicó el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, durante su visita ayer a Montería en donde señaló que inicialmente se imputaron seis cargos de los cuales prosperaron cuatro en los que se logró advertir que hubo manejo irregular de la contratación y por ende se causó un detrimento a las finanzas del municipio.

CONTRATOS FRAUDULENTOS

Una de las investigaciones, explicó el funcionario, fue la relacionada con un contrato suscrito con la Asociación de Municipios del Sinú, Sabana y Costa Cordobesa para construir un puente vehicular, pero sin hacer los estudios correspondientes para verificar los costos de la obra que finalmente terminó costando más de lo presupuestado. Tampoco se hizo la contratación por licitación como ameritaba el monto de la misma, lo que a juicio de la Procuraduría se convierte en una irregularidad y en una clara falta de transparencia.

Otro de los cargos se hizo luego de investigar otro convenio interadministrativo suscrito con la misma asociación para hacer la interventoría a dos contratos de obras que tenían por objeto la construcción de los puentes de la quebrada de Cuello y de la quebrada Galápago, así como la construcción y dotación de dos centros de desarrollo infantil en la zona rural del municipio.

En el caso citado, la Procuraduría conceptuó que debió hacerse un concurso de méritos y no mediante contratación directa como lo hizo el alcalde Torres Becerra.

También aducen que hubo irregularidades en los mecanismos utilizados para aprobar proyectos de inversión para la construcción de los dos puentes mencionados, toda vez que en su condición de Alcalde y presidente del Órgano colegiado de administración y decisión, Ocad, incumplió su deber de decidir qué instancia adelantaría la contratación de la interventoría, al expedir el Acuerdo 01 del 21 de enero de 2013, en el cual se aprobaron los proyectos de inversión para la construcción de las obras señaladas.

La Procuraduría delegada para la economía y la hacienda pública calificó la falta como gravísima. Sin embargo, esta fue apelada por el abogado del Alcalde y ahora la decisión final está en manos de la sala disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación. 

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