Familia de Zapa espera imputación de cargos a los detenidos por el caso

03 de noviembre de 2014 12:02 AM

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El abogado de las víctimas en el caso de la desaparición y muerte del director de Regalías de Córdoba, Jairo Zapa, indicó que está esperando que la Fiscalía impute el delito de homicidio agravado a los seis detenidos por el hecho.

De acuerdo con lo señalado por el jurista Lesmer Quintero Argel, abogado de María Isabel Valencia, viuda de Zapa, no solo el desmovilizado Joicer Hernández debe responder por el delito, sino cada uno de los que estaban en el sitio el día en que el funcionario fue desaparecido y asesinado.

“Eso fue un homicidio orquestado. No fue él solo quien lo mató”, indicó el abogado, señalando que el proceso debe apuntar a que los detenidos tuvieron que ver en el hecho y por ello deben responder por el mismo delito.

Sin embargo, hasta el momento no se les ha hecho imputación alguna y solo el desmovilizado y confeso asesino tiene la imputación de homicidio agravado solicitada por el fiscal 48 de Derechos Humanos, Carlos Pión Mayorga, quien pidió un cambio en la tipificación que se había acordado con Hernández.

Como se recordará, el exparamilitar, quien confesó haber estrangulado a Zapa por celos, dijo a la Fiscalía que estaba dispuesto a señalar el lugar en el que había sido enterrado el funcionario a cambio que le imputaran el delito de homicidio simple, pero en la última audiencia el fiscal expresó que finalmente el cuerpo había sido hallado por los peritos forenses y no por la colaboración de Hernández, toda vez que este había mostrado ocho sitio diferentes sin resultados positivos.

El abogado cree que todos los que están detenidos, Jesús Henao Sarmiento, Joicer Hernández, Zuath López, Albeiro Torres, Maximiliano García y Carlos Pérez, tienen que ver con el hecho, en calidad de coautores.

No se aventuró a decir que hubiera más personas implicadas en el hecho, ni que haya un autor intelectual más.

“Eso se esclarecerá en la investigación”, precisó.

Hasta el momento no se conoce la fecha de la próxima audiencia que definitivamente se realizará en Montería luego que la Corte Suprema de Justicia negara la pretensión de la Fiscalía de cambiar la radicación del proceso para trasladarlo a Bogotá, aduciendo el riesgo que corren los familiares de la víctima.

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