Tras una fallida reunión de seis horas con miembros del Gobierno los indígenas del cabildo Zenú del alto San Jorge decidieron bloquear la entrada a Cerro Matoso y las vías de acceso a los municipios de San José de Uré y Puerto Libertador.
La advertencia la había hecho el gobernador del cabildo, Israel Aguilar, quien sostuvo que ellos exigen la presencia de un alto funcionario del Gobierno nacional. Sin embargo, Cerro Matoso, en un comunicado a la opinión pública, advierte que los indígenas condicionaron el levantamiento del bloqueo a una indemnización económica.
El Gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, y los alcaldes de los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré condenaron las vías de hecho y señalaron que los indígenas pueden protestar pero sin lesionar los derechos de las demás personas.
Un piquete de policías se movilizó hacia los puntos de bloqueo con el fin de garantizar que despejen la vía.
Hay que indicar que durante seis horas del domingo los indígenas se reunieron con el Viceministro del Interior, el director de la Oficina de Asuntos Indígenas, la Viceministra de Minas, el Viceministro de Salud, el director de la oficina de cvoordinación de asuntos indígenas de la Presidencia, el subgerente de promoción, seguimiento y asuntos étnicos de Incoder, la presidenta de la Agencia Nacional Minera, la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambienatales y el gerente regional del Nudo del Paramillo.
En la oportunidad también se hizo presente el gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, y los alcaldes de los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, Uré y La Apartada.
Los indígenas zenúes expusieron sus inquietudes y preocupaciones y los funcionarios del Gobierno les plantearon distintas alternativas para evitar que la marcha se tornara en un problema de orden público.
El Gobierno nacional hizo una propuesta de nueve puntos pero estos no fueron aceptados por la comunidad indígena que hoy completa siete días de protesta.
Dentro de los planteamientos hecho por la Nación está la realización de un convenio del Ministerio del Interior y la Gobernación de Córdoba para estudios etnológicos y los reconocimientos de las comunidades por fuera de los resguardos.
Prometieron que el Incoder constituirá el resguardo del Alto San Jorge antes de terminar 2013, Coordinar entre las autoridades indígenas y Cerro Matoso la formulación y puesta en marcha de proyectos productivos, aprobar el reglamento interno de gobierno del pueblo Zenú del alto San Jorge y adelantar el estudio ambiental y de salud con universidad escogida entre todos, con Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente y con la participación de la Organización Panamericana de la Salud para verificar técnicamente impactos en la comunidad.
De igual forma la propuesta contempla entregar el listado de personas con problemas de salud para la atención por parte de las entidades prestadoras del servicio, iniciar una campaña de prevención en planes decenales de salud con participación de las alcaldías, adelantar visita técnica del Anla con Ministerio de Salud y Ministerio de Medio Ambiente para privilegiar espacios con la comunidad y abrir espacios de participación para las comunidades en la visita de fiscalización minera.
¿QUE DICEN LOS INDÍGENAS?
Los indígenas Zenúes que se mantienen protestando desde hace varios días indicaron que el Gobierno siempre ha estado a espaldas de la comunidad y que todas las promesas que hoy le hacen para evitar una protesta, debieron haberlas ejecutado hace varios años.
Israel Aguilar, gobernador indígena, sostiene que ellos están exigiendo una indemnización económica por parte de Cerro Matoso por los 30 años en los que han causado daños al medio ambiente y a la salud de los vecinos de la mina.
Indicaron que el Gobierno debe enviar una comisión a la zona para que verifiquen el estado en el que se encuentran las comunidades indígenas.
POSICIÓN DE CERRO MATOSO
Cerro Matoso indicó que la compañía estaría dispuesta a participar en la consolidación de los ofrecimientos concretos que hizo el Gobierno nacional a la comunidad indígena.
“El obstáculo para llegar a un acuerdo con las comunidades indígenas radicó en la decisión de condicionar sus acuerdos con el Gobierno al reconocimiento inmediato de una indemnización por parte de Cerro Matoso, como consecuencia de la supuesta responsabilidad de la empresa en la afectación a la salud de dichas comunidades. Hecho que solo se definirá con el proceso legal que está en curso”, indicó la explotadora de níquel a través de un comunicado a la opinión pública.
Cerro Matoso invitó a los representantes de las comunidades indígenas a trabajar con ellos y con el Gobierno nacional en la construcción de alternativas de solución a la problemática, que resulten viables para las partes.
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