Juez de Cartagena legaliza captura de exfuncionarios de salud de Córdoba

10 de diciembre de 2016 10:49 PM

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Un juez de control de garantías de Cartagena legalizó la captura de los exfuncionarios de la Secretaría de Salud de Córdoba Edwin Preciado Lorduy y Juan David Náder Chejne, exsecretario y auditor respectivamente, quienes fueron capturados por la Dijin en Montería y Coveñas, vinculados a la investigación del denominado Cartel de la Hemofilia.

Los dos médicos fueron trasladados a Cartagena para adelantar el proceso de legalización de capturas e imputación de cargos, pero la audiencia tuvo que ser aplazada porque a Náder Chejne se le presentaron problemas de salud toda vez que recientemente había sido sometido a una cirugía.

Ambos habían sido citados a rendir versión en la Fiscalía en Bogotá el pasado 21 de noviembre, pero el mismo organismo investigador les comunicó que el proceso se adelantaría en la primera semana del mes de enero.

La Fiscalía confirmó que serán cinco las personas capturadas y que en las próximas horas se adelantarán los operativps con tres más, en el proceso que denunció inicialmente la Contraloría General de la Nación relacionado con el desfalco de 44 mil millones de pesos de las arcas de la salud de Córdoba durante los años 2013, 2014 y 2015.

Ese caso que es conocido en Córdoba como el Cartel de la Hemofilia operó a través de la falsificación de los diagnósticos a falsos pacientes hemofílicos, cuyos listados tomaron del régimen subsidiado.

La investigación

La Contraloría señaló que en el año 2013 se reportaron en Córdoba 47 pacientes con hemofilia, enfermedad de alto costo que genera dificultades para que la sangre se coagule. Por la entrega de medicamentos a esos pacientes, que no tenían la enfermedad y aparecían con ella, la Gobernación de Córdoba pagó a la IPS Unidos por su Bienestar, creada ese mismo año, más de 17 mil millones.

En 2014 ya el número de pacientes ascendía a 81 y el pago por 18 mil millones se hizo a Unidos por su Bienestar y San José de la Sabana, las cuales entregaban un medicamente que no estaba incluido en el Plan Obligatorio de Salud y por ende debía ser aprobado por el Comité Técnico Científico de la EPS en la que estaban afiliados los supuestos pacientes.

La Gobernación de Córdoba, entonces bajo el mandato del abogado Alejandro Lyons, pagaba las facturas directamente, sin verificar si realmente se prestó el servicio. Luego se conoció que habían flasificado los resultados de laboratorio y el diagnóstico de un médico hematólogo.

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