El Juez Tercero Penal Municipal, Rafael Zuluaga, denegó la orden de cerrar las clínicas e instituciones prestadoras de salud allanadas por la Fiscalía, en el marco de una investigación que se adelanta por la comercialización y uso de medicamentos falsos.
Como se recordará, el ente acusador había solicitado el cierre temporal de la Fundación Amigos de la Salud y la intervención por parte de la Secretaría de Salud para las Clínica Evaluamos y la IPS Mi Casa, Mi Hospital de la Sabana.
Zuluaga dijo que la Fiscalía no ha podido comprobar que los mencionados centros asistenciales se dedicaran a falsificar medicamentos, pero advierte que efectivamente se puede inferir que se presentaron unas conductas delictivas.
"No se puede asegurar que estas entidades de salud se hayan dedicado total o parcialmente al desarrollo de actividades delictivas", indicó el juez, aduciendo que ese hecho debe probarse plenamente porque de lo contrario no podría ordenar el cierre solicitado.
Reiteró que hizo un análisis detallado del proceso y que en el mismo no se puede probar que los propietarios, accionistas o representantes legales de los centros asistenciales hayan tenido conocimiento de las conductas delictivas realizadas por los trabajadores de los centros de salud que están involucrados en esos hechos.
Consideró además que la medida de cierre es 'grave' y 'desbordada', pero que sí está plenamente de acuerdo con la decisión de intervenirla por parte de la Secretaría de Salud.
La decisión del juez no fue apelada por la Fiscalía y el proceso seguirá su curso con el fin de definir la situación judicial de Orlando Marchena Barraza y Alberto Palacio, capturados en Montería, en el marco del seguimiento que hicieron las autoridades a un cartel de comercializadores de drogas falsas.
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