Los documentos encontrados en el maletín personal del exfiscal anticorrupción de Colombia, Gustavo Moreno, y los chats de su celular dieron nuevas pistas sobre los acuerdos que habría suscrito el funcionario para manejar los casos de corrupción en Córdoba, antes que fuera denunciado por soborno ante las autoridades de Estados Unidos.
La información es analizada por las autoridades y en la misma se establece cuáles fueron los acuerdos suscritos entre el exgobernador Alejandro Lyons y el entonces fiscal para buscar un principio de oportunidade que le permitiera salir bien librado de los 20 delitos que le imputará la Fiscalía por el manejo de los recursos de regalías, el cartel de la hemofilia y el crimen del director de Regalías de Córdoba, Jairo Zapa Pérez.
Los planes, coyo costo estaba tasado en un millón de dólares según denunció Lyons, incluían hacer un acuerdo con el contratista de la Gobernación de Córdoba y presunto autor intelectual del crimen de Zapa, Jesús Eugenio Henao, y con el desmovilizado de las autodefensas y confeso homicida, Joice Rafael Hernández Muñoz, para que enlodaran a Lyons con el caso Zapa y de esa forma acceder a algunos beneficios judiciales. La misma coartada implicaba que luego el abogado Leonardo Pinilla, monteriano también detenido con fines de extradición, impugnara la credibilidad de los dos, señalando que se trataba de falsos testigos.
En la misma investigación se estableció que Moreno iniciaría una intensa campaña de desprestigio contra los mismos funcionarios del ente investigador en Córdoba y prueba de ello es que logró apartar de uno de los procesos a la fiscal Marta Sepúlveda, aduciendo que había filtrado información sobre la captura de varios de los implicados en el cartel de la hemofilia con el que habrían desfalcado las finanzas de Córdoba en cerca de 50 mil millones de pesos. Varios de los investigados se volaron.
En el mismo maletín se encontraron documentos reservados relacionados con las presuntas irregularidades en la remodelación del coliseo MIguel Happy Lora de Montería, caso por el cual fueron privados de la libertad por unos días el alcalde de la ciudad, Marcos Daniel Pineda, y el consejero presidencial para las regiones, Carlos Eduardo Correa.
Hasta el momento la Fiscalía no ha logrado establecer si Moreno hizo contacto con los funcionarios, de manera personal o a través del abogado Pinilla, para sacar 'ventajas' del proceso que generó la mayor expectativa en la capital cordobesa en el pasado mes de junio.
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