Más de 30 vehículos han resultado dañados en los tres días de protestas de los indígenas por la orden de la Superintendencia de Salud de cerrar la EPS Manexca. Nuevamente la Costa está incomunicada con el interior del país por el cierre de la troncal.
El comandante de Policía de Córdoba, coronel Engelbert Grijalba, dijo que hay un despliegue de la fuerza pública con el fin de evitar las vías de hecho y que hay control en las vías cordobesas. Sin embargo, el comandante operativo de Sucre, coronel Iván Calixto, dijo que por precaución se suspendió el tránsito por la troncal.
Urgencia manifiesta
La situación es tan delicada en el municipio de Chinú que la alcaldesa Teresa Salamanca, luego de un consejo extraordinario de seguridad, declaró la urgencia manifiesta con el fin de cumplir con algunos compromisos con la fuerza pública que está controlando el orden público.
La funcionaria señaló que no tiene recursos para asumir los costos de las 600 comidas diarias para los policías y los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios y que además le requieren combustibles, motosierras, extintores y varios elementos para poder hacer efectiva su labor.
Dijo que la medida busca que la Nación y el Departamento aporten recursos con el fin de controlar la situación y poder devolver la tranquilidad a la comunidad, pues desde hace tres días viven en permanente zozobra.
Los comerciantes de Chinú decidieron cerrar sus puertas por temor a saqueos y los colegios suspendieron clases con el fin de no poner en riesgo la integridad de los menores, pues las protestas se han concentrado entre ese municipio y Sampués.
Protesta raya en lo ilegal
Por su parte, el secretario del Interior de Córdoba, Juan José González, dijo que los indígenas tienen todo el derecho a hacer protestas, pero que estas deben hacerse sin utilizar vías de hecho y que en este caso están cometiendo acciones ilegales.
Sostuvo que el secuestro de dos policías, el daño a bien ajeno, la quema de llantas, la tala de árboles, entre otros, se alejan de los principios de la protesta social y pidió a los organizadores que sus reclamos por el derecho a la salud se hagan dentro del marco legal.
Dijo finalmente, que el Gobierno Departamental está presto a servir de intermediario entre la Nación y los indígenas de tal forma que se busque una salida concertada al conflicto.
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