Córdoba


"No voy a ceder a intimidaciones para pagar deudas de salud": gobernador

La auditoría hecha por la Universidad de Cartagena señala que hay irregularidades en facturas por 18 mil millones de pesos que cobra la IPS Funtierra.

NIDIA SERRANO M.

27 de octubre de 2021 01:30 PM

"No cederé a constreñimientos, intimidaciones, presiones mediáticas o de cualquier índole. Respecto a la salud, honraremos los resultados de una auditoría objetiva".

Así lo indicó el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, ante la posibilidad de que terminen el proceso de intervención económica que tiene el departamento, por no pagar deudas a la IPS Funtierra, cercanas a los 18 mil millones de pesos, por concepto de terapias de neurodesarrollo.

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"El pulso para defender la institucionalidad, la seguridad jurídica y los recursos de los cordobeses no me va a temblar", reiteró el mandatario, aduciendo que se acoge a la recomendación entregada por la auditoría contratada con la Universidad de Cartagena, en la cual se advierte que han encontrado irregularidades en las mencionadas cuentas.

Por su parte, el secretario de Salud de Córdoba, Carlos Enrique Sejín Vásquez, dijo que hasta el momento se han auditado 6 mil de los 18 mil millones de pesos que está cobrando Funtierra y que todos están glosados, es decir tienen anotaciones por presuntas irregularidades.

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"La Secretaría de Desarrollo de la Salud sugiere que no se viabilice el pago de la obligación hasta tanto no se haya realizado un correcto análisis y verificación del informe de auditoría presentado por la Universidad de Cartagena, documento que nos va permitir disponer de un panorama más claro", precisó el funcionario.

También aseguró que están buscando un mecanismo jurídico que blinde a la Gobernación de Córdoba ante los entes de control, por el pago de unos servicios que se prestaron, sin que haya mediado relación contractual con la administración departamental.

"Es irregular que se efectúe un pago, sin que medie un negocio jurídico como fuente de obligaciones, conducta que puede ser objeto inequívocamente de reproche disciplinario, por violentar los principios generales de la contratación estatal", indica el informe.

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