Cinco asociaciones de plataneros de la zona costanera de Córdoba denunciaron irregularidades en la ejecución de un contrato suscrito por el Gobierno Nacional a través de la Agencia de Desarrollo Rural con la Fundación Colombia Diferencial y Étnica, por valor de 2.200 millones de pesos para beneficiar a 180 productores de plátano del departamento.
De acuerdo con lo señalado por el presidente de la Asociación de Productores de Morindó Santa Ana, Luis Germán Mogrobejo, vocero de las cinco asociaciones de la zona costanera, solo recibieron la mitad de las semillas e insumos que estaban contempladas en el objeto del contrato, que eran 2.032 semillas por hectárea de tierra, además de insumos y capacitaciones técnicas.
El caso fue denunciado ante la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría para que se hagan las investigaciones correspondientes, pues insisten en que el contrato se ejecutó en un 50 por ciento, lo cual se traduce en perjuicio para los beneficiarios de los municipios de San Bernardo del Viento, Moñitos y Los Córdobas.
Señalaron que para la implementación del proyecto escogieron a las asociaciones Agrobarce, Asprobib, Agiman, Asucgua y Asucvicon con el fin de cultivar plátano en las veredas Contrapunto, Galilea, Morindó, Santana, Santa Rosa de la Caña, El Guaímaro, Las Mujeres, Barbascal y Barxcelona.
Indicó el vocero que no pueden permitir que los particulares se enriquezcan con recursos que ha destinado el gobierno para mejorar sus condiciones de vida y que por ello notificaron a la Agencia de Desarrollo Rural, al Ministerio de Agricultura y a Naciones Unidas para que investiguen el presunto desfalco.
Recibió amenazas
El vocero de los plataneros denunció además que había recibido amenazas por atreverse a denunciar la presunta irregularidad, pero advirtió que seguirá adelante para que se tomen los correctivos necesarios.
“Hago pública mi preocupación por mi seguridad personal porque me he sentido presionado ante las acciones que he adelantado, pues he recibido varias llamadas y han intentado agredirme”, dijo el vocero de los cultivadores.
Sostuvo además que el contrato era para que ellos mejoraran la siembra y por ello están exigiendo el cumplimiento cabal del objeto del mismo, pero también responsabilizó a los implicados en el proceso en caso que lleguen a atentar contra él.
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