Algunos policías de Montería estarían extorsionando a los comerciantes de la ciudad con los certificados de uso de suelo, documento que están utilizando como herramienta para obtener algunos beneficios económicos.
La denuncia la hizo el secretario de Planeación de Montería, Francisco Burgos Lengua, en el marco de un debate que se llevó a cabo en el Concejo, donde se debatió el tema del cierre de establecimientos comerciales por la carencia de dicho documento.
Ante esa denuncia el Concejo le pidió a la Policía Metropolitana apersonarse de la denuncia que hizo el secretario de Planeación, cuando aseguró en la plenaria de la Corporación, que la exigencia de certificados de uso de suelo se ha convertido en una herramienta de extorsión por algunos uniformados amenazando con el cierre de negocios en la ciudad.
En desarrollo de un debate de control político, el concejal citante Daniel Márquez, dijo que la situación es delicada y que por culpa de unos pocos, no se puede desdibujar el trabajo de la Policía que está para construir y defender la sociedad.
Por su parte, el concejal Leonel Márquez Sánes, pidió que de forma inmediata sea puesto en conocimiento de la comandancia de la Policía Metropolitana el tema para que se tomen los correctivos.
Buscan salidas
En desarrollo del debate sobre la posibilidad de buscar salidas jurídicas que pospongan el sellamiento definitivo de negocios en la ciudad por no contar con uso de suelo, muy a pesar de estar funcionando por varios años, el Concejo de Montería, estableció una hoja de ruta con la administración municipal y los comerciantes para buscar puntos de entendimiento.
Se establecerá una mesa de concertación entre Planeación, Gobierno, Jurídica, Cámara de Comercio, Policía y el Concejo para buscar salidas jurídicas al cierre de negocios y ampliación del decreto de uso reglamentario que se contempla en la actualidad para un sector del centro de la ciudad.
En el debate la Secretaría de Gobierno aclaró que el cierre de negocios está suspendida por acciones de tutela interpuestas por comerciantes, pero el Concejo señala que esa suspensión provisional debe quedar formalizada mediante decreto municipal para evitar nuevas acciones antes que se actualice el Plan de Ordenamiento Territorial.
En el debate, los concejales le expresaron pleno respaldo al secretario de Planeación actual, Francisco Burgos Lengua, al considerar que desde que entró a la administración ha tratado de subsanar problemas heredados.
Entretanto, Gustavo Negrete Bonilla, dijo que el Concejo dejó claro que defiende la institucionalidad, defiende el POT, pero protege al comercio y los que dependen laboralmente de ellos.
Comentarios ()