La Procuraduría Regional de Córdoba revocó la suspensión provisional que le habían ordenado al alcalde de Tierralta, Daniel Montero Montes, y al secretario de Gobierno, Loyar Pineda Delgado, proferida el pasado 4 de mayo.
El órgano de control tomó la decisión para evitar que interfiriera en la recolección de pruebas, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la contratación en el marco de la urgencia manifiesta.
Señalaron que ya se hizo la revisión de los contratos suscritos para atender las necesidades de la comunidad en medio de la pandemia, pues los documentos fueron allegados por parte del mandatario y de esa manera, desaparecieron los motivos que originaron la medida cautelar.
“Al haberse practicado las pruebas dentro del expediente de la referencia, no puede interferir en la práctica de las mismas, ni interferir en la investigación por la que se encuentran los disciplinados”, señaló la Procuraduría.
Como se recordará, el mandatario es investigado por presuntos sobrecostos en un contrato por 750 millones de pesos para la adquisición de mercados para atender la emergencia sanitaria por causa del COVID-19, aduciendo una supuesta violación a los principios de responsabilidad, selección objetiva y planeación, ante la aparente ausencia de estudios previos y análisis de mercado, la identificación de la población objeto y beneficiaria de las ayudas y de las bases de datos para verificar la focalización e identidades de las personas que están recibiendo las ayudas.
El Ministerio Público busca establecer si no se acreditó la experiencia por parte del proponente y si no se le habría exigido la capacidad financiera y organizacional, y si se presentaron sobrecostos en el contrato 042 del 26 de marzo, que podrían ser del orden de 190 millones de pesos, para la adquisición de 10 mil kit de mercados, cada uno a 50 mil y otros 10 mil mercados por la suma de 25 mil cada uno.
Por su parte, el alcalde de la localidad, Daniel Montero, indicó que está esperando la notificación formal de la decisión para reintegrarse al cargo e insistió en que es necesario corregir algunos procesos administrativos que se venían dando desde hace varios años.
Insistió en que le dieron todas las garantías necesarias para demostrar su inocencia y que actuó con responsabilidad en el manejo de los recursos.
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