Un predio de 32 hectáreas de tierra fue devuelto a una familia que fue víctima de los paramilitares del bloque Córdoba de las autodefensas en el municipio de Valencia, sur del departamento. La familia fue obligada a salir del predio de su propiedad.
El Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, ordenó devolver el predio conocido como El Descanso y en la sentencia no se reconoce la condición de segundo ocupante.
Se estableció que la familia sufrió intimidaciones por parte de los paramilitares, quienes buscando la apropiación de la tierra en el año 1993, se hicieron pasar por guerrilleros de las Farc e incendiaron la vivienda y amenazaron a los campesinos. A raíz de estas acciones salieron del predio El Descanso y dos años después lo vendieron a una persona de la región. Años después, a través de otro negocio jurídico, El Descanso fue vendido a quienes hoy fungen como opositores.
Según indicó el nuevo director de la Unidad de Restitución de Tierras, Álvarto Tapia Castelli, como medida complementaria para la reparación integral de los beneficiarios del proceso, la Unidad realizará la asesoría e intervención para el diseño e implementación de proyectos productivos acorde a la vocación del suelo y a las necesidades de las víctimas.
Se ordena, además, el sistema de alivio y exoneración de pasivos a los que haya lugar sobre el predio El Descanso, ubicado en el corregimiento Bijagual, del municipio de Valencia, trámite que se surte en la Alcaldía de esa localidad.
El director de la Unidad sostuvo que a la fecha la Unidad de Restitución de Tierras en Córdoba ha restituido más de 5.300 hectáreas a favor de 4.300 personas, principalmente en los municipios de Valencia, Montería, Tierralta y Pueblo Nuevo.
Tapia también señaló que se han proferido 107 sentencias para restablecer los derechos de las víctimas de las autodefensas, comandadas por los hermanos Castaño Gil y explicó que a las familias favorecidas con fallos les han sido condonadas las deudas que se generaron en los predios por el no pago de impuestos o servicios públicos, cifra que asciende a 630 millones de pesos.
Finalmente dijo que la Unidad ha dispersado recursos que superan los 13 mil 700 millones de pesos para el desarrollo del programa de proyectos productivos.
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