La rectora y vicerrectora financiera de la Universidad del Sinú, María Fátima Bechara y Mara Bechara de Zuleta, conducidas por la Fiscalía a Bogotá para atender diligencias en materia penal con ocasión de los convenios especiales de cooperación con recursos de regalías, tienen los elementos necesarios para demostrar ante el ente investigador que actuaron de manera transparente y apegadas a la ley. (Lea aquí: Capturadas dos directivas de la Universidad del Sinú en Montería)
Así lo indicaron el secretario general de la Universidad del Sinú, Jorge Escobar Avilez, y la exrectora Ilse Bechara Castilla, quienes afirmaron que con anterioridad a la celebración de los convenios, la universidad hizo un acuerdo compromisorio con la Fundación George Dahl y con la empresa CDF donde se detallaron responsabilidades institucionales de la ejecución del proyecto y se hizo la lista de actividades que debía cumplir cada uno de los cooperantes bajo su absoluta responsabilidad y de manera autónoma e independiente administrativa y financieramente.
También sostuvieron que pueden demostrar que los dineros que no se han invertido, están depositados en una cuenta ordenada por la ley en el Banco de Bogotá de Montería, tal y como consta en los documentos que han aportado a la Fiscalía para demostrar el manejo transparente en la ejecución de los convenios.
Dos convenios
La Fiscalía General de la Nación se refirió específicamente a presuntas irregularidades en dos convenios celebrados con la Gobernación de Córdoba en el año 2013, bajo el mandato del abogado Alejandro Lyons, que suman 9.500 millones.
El primero de ellos es el 750, cuyo objeto fue el desarrollo e investigacion aplicada al modelo experimental sostenible de artesanías derivadas de la caña flecha, por valor de 3 mil millones de pesos, de los cuales se giraron 2.700 y según un informe de la Contraloría el avance del mismo fue del 30 por ciento, mientras que el acance financiero fue del 95 por ciento.
Con relación a ese caso, las directivas de la Universidad del Sinú explicaron que los recursos se invirtieron de manera rigurosa y su ejecución se ha avalado por la interventoría del proyecto hasta el porcentaje de ejecución a la fecha y que los dineros que no se han utilizado están en la cuenta bancaria, hecho que han acreditado en informes mensuales que se presentan ante la interventoría, la Gobernación de Córdoba y la Contraloría General de la República.
Reconocen que en ese convenio efectivamente hubo atrasos los cuales se debieron a la ocurrencia de fenómenos naturales que ocasionaron daños en el material vegetal, situación que los obligó a reiniciar nuevamente la reproducción de las plantas. "Estos hechos fueron verificados por la interventoría y por la Gobernación y fueron objeto de validaciónpor parte del Departamento Nacional de Planeación, calificados de caso fortuito, una situación prevista dentro del convenio, lo que generó atrasos en la ejecución de las actividades, ajenas a la voluntad del cooperante", indicó el secretario general.
Sostuvo además que ante esa situación fue necesario soliictar una prórroga en el plazo del término de ejecución, la cual fue presentada el 10 de noviembre de 2015 y aprobada en dos comités operativos que se realizaron en julio y en septiembre de 2016, tal y como consta en el otrosí del convenio de cooperación y que inexplicablemente no fue entregado por el gobernador ad hoc a la Universidad del Sinú para su legalización, pese a que estaba firmado y radicado en la Gobernación.
El agroforestal
El segundo convenio al cual hace referencia la Fiscalía es el 755 para la Investigacion y desarrollo para el manejo productivo y sostenible de los sistemas agroforestales por valor de 7.700 millones, en el cual Unisinú dio poder a la entidad CDF a la que fueron girados 6.800 millones, es decir el 91 por ciento. Según una auditoría de la Contraloría el avance físico está en un 42 por ciento.
En el informe entregado establecen que si bien la Universidad del Sinú participó en la formulación y celebración del convenio, no ha recibido recurso alguno para la ejecución de las actividades del mismo y que ello se puede evidenciar en un informe de la Contraloría en el cual se establece que Unisinú entregó el acceso y contraseña de todas las bases de datos de que dispone el cooperante y por ello no recibió recursos económicos para el desarrollo de esa actividad.
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