Una demanda será instaurada contra la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, como la única herramienta viable para frenar el traslado del peaje El Purgatorio, ubicado en la vía que comunica a Montería con el interior del país.
El proceso lo liderará el senador electo David Barguil, quien indicó que como medida cautelar se solicitará la suspensión del traslado del oeaje, hasta tanto se falle el proceso de manera definitiva.
Esa fue una de las conclusiones del debate que se llevó a cabo en el Concejo de Montería donde se discutió la decisión de mover el peaje del kilómetro 15 al 11, en aras de incrementar el recaudo, pero perjudicando a por lo menos 60 poblaciones.
El concejal Carlos Zapata, confirmó que la Corporación coadyuvará la demanda que presentará Barguil, aduciendo que esta es una de las vías que obligará a que la ANI y la concesionaria vial cumplan con la realización del estudio socioeconómico que exige la obra por las afectaciones que tiene en más de 60 poblaciones rurales del municipio.
“El Gobierno Santos habla de paz y avasalla a poblaciones marcadas por la violencia y catalogadas como áreas de consolidación como Tierralta y Valencia, que serán golpeadas por el traslado del peaje, so pena de equilibrar económicamente al privado”, expresó Zapata.
Por su parte, la presidenta del Concejo de Montería, Liliana Yúnez, dijo que además de la suspensión de la obra de traslado de las casetas del peaje El Purgatorio, el debate realizado en la Corporación tuvo como logro importante el compromiso que asumieron los congresistas electos de Córdoba en busca de soluciones desde el Gobierno central.
Sostuvo que son ellos los llamados a sentar posición en el Gobierno Nacional, desde donde se confeccionan estos proyectos viales, soportados en peajes, buscando el equilibrio del concesionario y desconociendo el daño a las comunidades.
Destacó la presencia de los congresistas David Barguil, Erasmo Zuleta Bechara y Wadith Manzúr y del resto de senadores y representantes que por compromisos legislativos no pudieron asistir, pero que se sumaron al plan de trabajo conjunto en aras de buscar alternativas que permitan que se realice una obra vial de gran importancia, sin maltratar a las comunidades.
“Ahora que llegue el nuevo presidente y el nuevo Congreso, ellos podrán asumir la vocería que desde lo local realiza el Concejo, pero que nuestros senadores y representantes pueden llevar a la esfera nacional”, expresó.
Reconoció que la solución no es fácil, pero que junto a los congresistas seguirán luchando por buscar la mejor solución y en donde nadie sea abusado, mucho menos las poblaciones campesinas del municipio.
Entretanto, el electo representante a la Cámara por el departamento de Córdoba Wadith Manzúr expresó su rechazo rotundo al traslado del peaje El Purgatorio y argumentó que los ciudadanos de los municipios de Tierralta y Valencia no deben pagar por una obra vial que no está dentro de su jurisdicción, ni tampoco los beneficia.
Explicó que las obras civiles que benefician a los municipios de Tierralta y Valencia son la reconstrucción de la vía que del kilómetro 15 conecta a la zona urbana de esa población y el puente sobre el río Sinú, a la altura de la apartada de Valencia, pero esta se hizo con recursos de la Gobernación de Córdoba. “Si esas obras se hicieron con dinero del departamento ¿por qué la concesión no asume el mantenimiento de la vía, obras adicionales y el puente de Valencia?”, reclamó el joven congresista.
A su turno, el gerente de proyectos de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Alberto Rodríguez, dijo haber acordado con el concesionario vial que el traslado del peaje El Purgatorio quede suspendido hasta resolver en reunión con autoridades y comunidades inquietudes del proyecto.
Aseguró que el tema es bastante sensible para la comunidad y para el Gobierno y que en una semana tendrán respuesta a las posibles alternativas de solución para minimizar el impacto en las comunidades.
Entre las alternativas que inicialmente plantearon estaba la posibilidad de implementar una estructura de tarifa diferencial no solo para las empresas de transporte público de pasajeros, sino para los usuarios de vehículos privados que son utilizados como medios de movilización en la zona rural.
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