El desfalco del denominado cartel del Sida en Córdoba, denunciado por el procurador Fernando Carrillo, podría asceder a la suma de 200 mil millones de pesos, según denunció el director de la Veeduría Departamental Velar por Más, Darío Díaz Hernández.
El veedor, quien indicó que teme por su vida porque fue la primera persona que denunció la existencia de esta nueva forma de timar los recursos, dijo que esa no es una situación nueva en Córdoba y que se ha venido dando desde hace aproximadamente cinco administraciones.
Coincide plenamente con la versión entregada por la Procuraduría General de la Nación en el sentido que el cartel opera tal y como lo hacía el de la hemofilia, es decir que cobraban el tratamiento por pacientes que no padecen la enferedad o en su defecto que ya han muerto, cuya crifra según el Ministerio Público podría ser de 800 tratamientos.
"Parece que esos pagos en el cartel del sida obedecen a pagos que no corresponden al plan obligatorio de salud, o a fallos de tutela. Se trata de pacientes de régimen subsidiado. En algunos casos las EPS pagaban a la caja y el departamento le pagaba a la caja, y ese era el sistema para desangrar los recursos", explicó Carrillo.
El director de Velar por Más reveló los nombres de algunas personas que podrían estar implicadas en el hecho y que seguramente serán objeto de las investigaciones al médico Máximo Mercado, a Luis Hoyos Cartagena, saliente director de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba, Comfacor, Cristóbal Cabrales y al Mocho LYos, tío del saliente gobernador Alejandro Lyons.
Habló Besaile
De imprecisas e infundadas calificó el suspendido gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, las declaraciones del procurador Fernando Carrillo en torno a un cartel del Sida, que relaciona con su nombre.
“Esto lo que refleja es la animadversión del Ministerio Público contra mí toda vez que, contrario a la misión institucional de esa entidad, de velar por los derechos de las personas, lo que se observa es un ensañamiento en contra mía, al ventilar asuntos de posible corrupción de hechos que no han sucedido durante mi mandato, que se inició el primero de enero de 2016”, indicó Besaile Fayad, quien se mostró visiblemente preocupado por el nuevo escándalo que le endilgan.
Sostuvo además que no hizo un solo pago por concepto de prestación de servicios a pacientes que padecen de VIH y explicó que esos pagos, desde el año 2012, están a cargo de las empresas prestadoras de salud y que adicionalmente a ello, desde el 17 de junio de 2016 el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Apoyo Fiscal, suspendió el giro de los recursos destinados a lo que no estuviera incluido en el Plan Obligatorio de Salud.
Agregó que las firmaciones del Procurador, que es la máxima autoridad disciplinaria del país, lo señale con nombre propio, causándole un daño irreparable a él, a su familia y a la administración departamental.
“Este tipo de actuaciones pretenden confundir a la opinión pública con el fin de justificar la débil decisión jurídica que se tomó al suspenderme provisionalmente, en forma arbitraria, del cargo del departamento y otras que seguramente vendrán en mi contra”, afirmó Besaile.
Secretario desmiente pagos
Por su parte, el secretario de Salud de Córdoba, Eduardo Vélez, dijo que desde que llegó al frente de esa dependencia no se ha hecho un solo pago por concepto de pacientes de Sida.
“Estoy tranquilo porque en el año 2017, año en que llegué al cargo, la administración departamental no manejó ningún recurso para enfermos por Sida o portadores del VIH”, sostuvo el funcionario.
Esa versión fue corroborada por el veedor, quien señala que efectivamente desde que Vélez llegó a la administración trató de poner orden con ese tema y adelantaron los trámites correspondientes para que fueran las EPS las que se encargaran de los pacientes.
"Lo que sí les puedo garantizar es que desde el año pasado hasta la fecha que estoy en el cargo no hemos expedido ni una sola autorización para atención de pacientes con Sida porque no tenemos afiliados a cargo de la Gobernación. No tenemos pobres no asegurados que dependan de la Gobernación, pues todos están afiliados en alguna de las 14 EPS que hacen presencia en el departamento", explicó el funcionario.
Dijo que esperarán la notificación formal de la Procuraduría a qué año se refieren y a cuál EPS pertenecen los supuestos falsos pacientes para que a través de la Inspección de Vigilancia y Control se adelanten las investigaciones respectivas.
Finalmente dijo que el año pasado cerca de 2.500 personas que padecen Sida fueron afiliadas a las respectivas EPS.
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