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Destituyen a tres exgerentes de EPS indígena de Córdoba por desvío de dineros

Según la Procuraduría General de la Nación, el daño patrimonial ocasionado en 2015 y 2016, derivado de los malos manejos, superó los $ 22.600 millones.

EL UNIVERSAL

29 de febrero de 2024 01:00 PM

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años a tres exgerentes generales de la Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento - Córdoba y Sucre “Manexka EPS-I”, por la pérdida sistemática de recursos de la entidad y del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Se trata de Siria Sabina Pérez Riondo (2015-2016), Otoniel Jerónimo Roqueme (2016) y Ledis del Carmen Ortega Guzmán (2016-2017). Lea también: Suspenden a exgerente del Cari de Barranquilla por fraccionamiento de contratos

El ente disciplinario estableció que durante 2015 y 2016 los exgerentes autorizaron, en proporción, el uso de los recursos del Régimen Subsidiado en Salud en gastos administrativos, operacionales y compra de activos lo que conllevó a que no se destinaran, para las señaladas vigencias, más de $ 3.100 millones, en beneficio de los afiliados.

La Procuaduría asegura que la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) transfirió en 2015 y 2016 a Manexka EPS-I más de $266 mil millones, cifra que al ser contrastada con los gastos de administración superó los topes en $3.113.657.436 respecto al 8 % previsto en el señalado sistema.

Asimismo, mencionan que, durante su administración, los sancionados autorizaron pagos que conllevaron a la pérdida de recursos públicos, dejando en riesgo el correcto funcionamiento, estabilidad financiera y el aseguramiento en salud de los afiliados. Le puede interesar: Procuraduría alerta por falta de ejecución en estrategia de atención a La Guajira

El daño patrimonial ocasionado con esta conducta superó los $ 22.600 millones para los años 2015 y 2016, derivado de los malos manejos sobre los costos operacionales y gastos de administración, señaló el Ministerio Público.

El ente de control calificó las conductas de los tres disciplinados como gravísimas a título de culpa gravísima y grave a título de culpa grave.

La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 señaló que contra esta decisión de primera instancia procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.

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