“Sentencia de muerte a la directora del Tránsito de El Carmen de Bolívar, a los familiares, a los trabajadores del Tránsito y a los tramitadores, por no obedecer las órdenes que le dieron de acabar con los embargos chimbos a los mototaxis. Si se niega a seguir las órdenes, nosotros las haremos cumplir. Nuestras células urbanas están dispuestas a armar asonadas continuas y a cumplir con la misión de acabar con todos los que trabajan en el Tránsito y sus calanchines. A cumplir la orden que le dieron negra HP”.
Ese fue el mensaje que le dejaron en su oficina a Yessica González Reales, directora del Instituto de Movilidad de El Carmen de Bolívar. La mujer asegura que quien encontró el panfleto fue la persona que se encarga de los servicios generales. Al verlo, González llamó de inmediato al comandante de la policía. “Cuando lo leí, me comuniqué con el comandante de la Policía de El Carmen, quien me dijo que me quedara en el sitio para adelantar la ruta de atención. Hasta la oficina llegó la Sijín y la Dipol a hacer entrevistas y el cotejo con las cámaras de seguridad”, aseguró González. Y añadió: “Este panfleto es una sentencia en mi contra, mis familiares y funcionarios de la entidad. Todo por el tema del proceso de cobro coactivo de los embargos”.
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Los motivos
La funcionaria comentó que desde hace dos meses empezaron el proceso de los cobros coactivos, tal y como se hace todos los años, pero a raíz de unas declaraciones a medios de comunicación de parte del alcalde, quien también es el presidente del Consejo Directivo del Instituto de Movilidad de El Carmen de Bolívar (IMCABOL), los motociclistas se fueron en contra de la directora del Tránsito.
“En redes sociales replicaron una información que dio el presidente del Consejo Directivo del Instituto de Movilidad de El Carmen de Bolívar (IMCABOL), el 9 de diciembre. Decía que él daba la orden de levantar el proceso coactivo y dar por terminado} todos los embargos y que así mismo prohibía que la inspección de tránsito tuviera una oficina de recaudo, porque eso debía ser recaudado por una entidad bancaria”, explicó González, quien argumentó que las entidades de tránsito “viven de lo recaudado” y que al darse a conocer esa información, los motociclistas fueron a vandalizar las oficinas.
Este fue el panfleto que recibió la directora. // Cortesía
“Tuvimos una situación de orden público bastante fuerte, donde un grupo de motociclistas exigía mi salida, mi renuncia, con muchas arengas grotescas y exigiendo que dejara el cobro coactivo”, aseveró la funcionaria. Así mismo, añadió: “A raíz de esto emití un comunicado donde expresaba paso a paso la normativa que indicaba por qué se cobraba este proceso coactivo en la entidad y que a la fecha, como secretaria técnica, no tenía en mis manos el acta que nos obligaba a dar por terminado ese proceso coactivo”.
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González asegura que la situación se ha complicado tanto, que incluso algunas personas que ya han pagado sus obligaciones están recibiendo llamadas donde les piden que regresen a la entidad a reclamar su dinero.
“Es una situación de vulnerabilidad bastante grave. Ya se puso denuncia ante la Fiscalía y la Sijín y esperaremos que continúen las investigaciones”, finalizó.
El Universal conoció que en la última reunión realizada por el director de IMCABOL, este señaló que a raíz de unas quejas y ante la supuesta falta de información que tiene la junta con relación a esos procesos, se decidió “suspender todas las medidas cautelares ordenadas dentro de los procesos de cobro por jurisdicción coactiva por parte del Instituto de Movilidad de El Carmen de Bolívar, mientras se realizan las investigaciones correspondientes”.
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