Emilse se enfrentó a la justicia por defender a los campesinos

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Con el lanzamiento del libro “Que nos llamen inocentes”, hecho por el Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad (Dejusticia), el cual recoge los testimonios de “detenidos arbitrariamente en El Carmen de Bolívar a mediados de los años 2000 y 2005”, buscan aportar a la discusión nacional sobre mecanismos de refrendación, judicialización, penas alternativas y esclarecimiento de la verdad, entre otros, desde la óptica de una justicia distribuida y reparaciones transformadoras.

Así mismo, se quiere contribuir a la implementación del Acuerdo Final de Paz con enfoque en las víctimas, y para ello han concentrado actividades en varias subregiones del país, entre ellas Montes de María, la cual fue objetivo de control por grupos armados al margen de la ley.

La historia de Emilse

Entre las historias que recoge el ejemplar que fue lanzado el 8 de mayo en el municipio, está la historia de Emilse Hernández Agámez, expresidenta de la Junta de Acción Comunal en la zona rural, quien asegura que por decir las cosas de frente, fue perseguida y detenida por el Estado.

“Ser líder campesino en Colombia es convertirse en un perseguido del Estado”, dice Hernández, oriunda del corregimiento de Hondible en la Alta Montaña, quien asegura que fue acusada y encarcelada injustamente.

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Era el 2002 cuando según Emilse comenzó su viacrucis, ya que se convirtió en una joven de 17 años acosada por el Ejército Nacional y la Infantería de Marina, por supuestos nexos con el Frente 37 de la exguerrillla de las Farc, que operaba en los Montes de María y era comandada por alias Martín Caballero.

“Yo era una mujer que me dedicaba a las labores del campo, a sembrar yuca, ñame, maíz y aguacate y era la representante de mi corregimiento, lo que me generó el respeto de la comunidad, pero que con el paso de los días se transformó en persecución”, contó la mujer.

Mientras sonreía hojeando el libro, relató que en el 2002 todo se complicó porque empezaron a capturar a campesinos de las veredas Saltones de Meza y El Milagro, hasta llegar a donde ella vivía junto a su esposo para llevársela junto otros miembros de la JAC. Sin embargo, en ese momento no estaba en su casa y dejaron una lista donde estaba su nombre, a lo cual no le dio importancia porque, según ella, no había hecho nada indebido, pero desconocía la persecución que se iba a desatar posteriormente.

“Muchas veces manifesté que yo no me podía dejar capturar porque yo no era nada y no tenía por qué estar en una cárcel. La gente de la comunidad que nos conocía y sabía qué clase de personas éramos, nos avisaban cuando el Ejército o la Infantería de Marina iban y nos salíamos. Así duramos tres años, pero un día los enfrenté y me retuvieron ocho horas”, añadió.

“El 26 de marzo de 2003 cuando iba para una reunión de JAC a la vereda Loma Central, me encontré con varios soldados que iban para mi casa a buscarme, esa fue la primera vez que me enfrenté con ellos y lo primero que hicieron fue pedirme la cédula y luego me hicieron levantarme el pantalón para ver si tenía la marca de las botas que utilizaba la guerrilla”.

Ella dice que la Fuerza Pública siempre estaba acompañada por hombres que permanecían con el rostro cubierto y que estos eran delincuentes de la región que buscaban ganar la plata que el Gobierno pagaba para delatar a los presuntos guerrilleros.

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Hernández asegura que en esa situación demoró tres años, hasta el 25 de octubre del 2005, cuando pudieron capturarla. Era muy temprano, apenas comenzaba el día, ella estaba en la casa con su mamá cuando llegaron unos soldados con un hombre que tenía la cara tapada con un pasamontañas y se la llevaron.

“Aquí se llevaban a los que ellos querían, como yo les pedí la orden de captura los soldados me dijeron que lo que tenían mío era una fotografía y yo les respondí que eso no me servía y se fueron, luego de dos horas volvieron con una supuesta orden y me llevaron en un helicóptero, pero ese día había dos aparatos de esos y cuando se elevaron comenzaron a dar vueltas para confundir a la comunidad. Luego de varios minutos, uno cogió rumbo a Sucre y en el que yo iba para Cartagena”, precisó.

Posterior a eso, la llevaron a las oficinas de la Armada en el barrio Bocagrande de Cartagena, luego la presentaron ante el fiscal seccional 39 y pasó a la cárcel de San Diego, donde estuvo ocho días. Cuando recuperó su libertad, le pidió a la directora del penal que la dejara quedarse allí porque tenía miedo que la mataran.

“Yo no quería irme de la cárcel, hable con la directora y le explique mi situación y ella me dijo que no me podía tener ahí porque, si me pasaba algo, ella era la responsable. Salí y duré ocho meses en Cartagena trabajando en una casa de familia, pero después de un tiempo uno de los miembros de la familia era soldado de la Armada y cuando lo vi llegar con su uniforme me atemoricé y renuncié, después de eso mi vida no volvió a ser la misma”, relató Emilse. Ella está convencida que nada ni nadie le va a devolver la tranquilidad y el bienestar que perdió cuando se convirtió en una perseguida por decir las cosas como las sentía, cualidad que no ha cambiado.

“Todo lo perdí, hasta mi hogar se acabó y aunque recibí ayuda de la Unidad de Atención para las Víctimas, sigo cargando las secuelas que me dejó el haber perdido mi libertad y el dejar de trabajar por lograr para el campo en Montes de María, mejores condiciones, que debe garantizar el Estado”, añadió.

No más JAC

Con la mirada puesta en la foto que fue publicada en el libro, la mujer aseguró que le perdió el amor a los procesos sociales, pero a pesar de eso estuvo en los inicios del Movimiento Pacífico de la Alta Montaña en los años 2012 y 2013, el cual inició con líderes reconocidos en el departamento como los Canoles y su sobrino Jorge Montes, a quien también persiguieron por ser presuntamente guerrillero. Él no corrió con la misma suerte y estuvo recluido por más de cinco años en una cárcel de máxima seguridad en la ciudad de Valledupar, Cesar.

“Dejusticia”

De acuerdo a Dejusticia, la subregión de los Montes de María fue uno de los primeros laboratorios de aplicación de estas estrategias de seguridad, pues era disputada por grupos armados ilegales, especialmente por las Farc. El Centro de Estudios en Derecho, Justicia y Sociedad -Dejusticia- conoció entre 2017 y 2018 el reclamo de varios habitantes de El Carmen de Bolívar que fueron detenidos y acusados de rebelión entre 1999 y 2005. Estas personas estuvieron en prisión y fueron liberadas sin que se les demostraran vínculos con ningún grupo armado ilegal. Luego de varios ejercicios de memoria, 19 de ellas decidieron contar sus historias, recopiladas en el libro “Que nos llamen inocentes”.

El documento busca convertirse en un insumo para el esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto armado y para que hechos como estos no se repitan.

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