El año que terminó fue polémico en materia judicial y en este que comienza deberán resolverse los seis líos judiciales más sonados de Córdoba.
El paro de la justicia, las vacaciones colectivas y la lentitud propia de los procesos fueron la causa por la que muchos procesos no culminaron, aunque se encuentran bastante avanzados. Son casos que quedaron en vilo y que colmaron la atención de toda la comunidad.
Dentro del listado de pendientes de la justicia cordobesa está la denuncia de corrupción hecha por la administración departamental por el denominado carrusel de la educación y el fallo definitivo con relación a los implicados en el crimen de los estudiantes de la Universidad de Los Andes, Mateo Matamala y Margarita Gómez, ocurrido en el municipio de San Bernardo del Viento, en enero de 2011.
De igual forma quedó pendiente definir la suerte de los denominados ‘mochacabezas’, a quienes sindican de haber asesinado a varias personas de la capital y establecer si ellos fueron los autores materiales de los crímenes de las personas cuyas cabezas fueron encontradas en un saco.
Otro de los líos que quedó pendiente para este año es el de la Universidad de Córdoba. Denuncias sobre amenazas por parte de grupos al margen de la ley en contra de sus directivos, acciones judiciales que pretenden terminar con la elección de la rectora Alba Durango y visos de corrupción arrastradas desde administraciones anteriores marcan el panorama judicial en el centro educativo público de Córdoba.
La larga lista también incluye uno de los escándalos más grandes con los que finalizó el 2012: el fraude en las oficinas de instrumentos públicos de Cereté y Lorica donde sus funcionarios se apropiaron de 1.700 millones de pesos y fueron denunciados por el mismo Superintendente de Notariado y Registro ante la Fiscalía de Córdoba.
Vilo en la U
Apenas comienza el año y hay incertidumbre con relación a lo que ocurrirá en la Universidad de Córdoba.
A finales de 2012 los consejeros instauraron una denuncia por amenazas y quedaron pendientes de una posible por actos de corrupción que generaron el déficit económico de la institución que asciende a más de 8 mil millones de pesos.
La institución se vio envuelta en una serie de decisiones judiciales que generaron el caos. Cuatro rectores en menos de ocho días fueron el detonante de la crisis que finalmente se resolvió con la posesión de la rectora Alba Durango.
Los procesos judiciales que pretenden ‘tumbar’ a la rectora electa han sido resueltos en parte, pero hay otros que siguen su curso en los despachos judiciales.
Los mochacabezas
Un video en el cual aparecen varios hombres mochando la cabeza a un comerciante de la capital monteriana se convirtió en uno de los hechos judiciales que más colmó la atención de los cordobeses.
Ese proceso ha sido conocido como el de los ‘mochacabezas’ y aún no está del todo resuelto.
Como se recordará, a mediados de 2012 aparecieron los cuerpos sin cabeza de tres personas que supuestamente se habían robado la nómina de 350 millones de pesos de 'los Urabeños' y ahora se busca establecer si los cuatro hombres que aparecen en las imágenes fueron los mismos que sembraron el terror en Montería con los cuerpos mutilados que encontraron en distintas partes y que correspondía a un grupo de amigos del barrio La Granja, que había desaparecido misteriosamente.
Uno de los decapitados fue identificado como Elkin Arroyave, pero hay otro que aún espera los resultados de ADN con el fin de establecer de quién se trata.
En su oportunidad el comandante de la Policía de Córdoba, coronel Jaime Ávila Ramírez, dijo que esos macabros crímenes ocurridos el año anterior serían una retaliación entre fleteros por la repartición de un dinero que habrían hurtado.
Estudiantes de Los Andes
Desde enero de 2011 cuando asesinaron a los estudiantes Mateo Matamala y Margarita Gómez en la zona de manglares de San Bernardo del Viento Córdoba ha estado en el ‘ojo del huracán’ por la delicada situación de orden público.
Se desplegó entonces uno de los más fuertes operativos de seguridad. El mismo presidente Juan Manuel Santos se reunió con las autoridades de Córdoba en un consejo de seguridad y surgió el llamado Plan Troya que finalmente terminó con la captura de los presuntos responsables del crimen.
A partir de su captura se inició un juicio que todavía no ha llegado a su fin aunque se han proferido condenas en contra de Víctor Hinestroza, conocido con el alias de 'Blanquito', presunto miembro de la banda criminal los urabeños.
La justicia señala que alias ‘Blanquito’ sería una de las dos personas que le disparó a los estudiantes tras ser confundidos con policías en cubierta debido a que tomaban fotos en unos mangles donde se encontraba un alijo de droga.
Por ese mismo caso fue condenado Cristian Bravo, alias 'Cristian', el mototaxista que llevó a los estudiantes al sitio en el que fueron asesinados.
Aún no han logrado capturar a Ingelberto Bolaños, alias 'Monito', quien sería la otra persona que disparó.
Pese a que los jueces han determinado las condenas la defensa pidió la revisión de las mismas aduciendo que hay irregularidades en las versiones entregadas por algunos de los testigos de los hechos. En estos primeros días, luego de la vacancia judicial deberá resolverse el proceso.
Carrusel en educación
El año anterior el gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, denunció varias irregularidades detectadas en el Departamento, especialmente en la Secretaría de Educación.
La primera tuvo que ver con la decisión de algunos funcionarios de la secretaría para ‘engavetar’ las demandas, hechas por profesores que reclamaban derechos adquiridos, de tal forma que se vencieran los términos y el Departamento no se defendiera para que fuera condenado a pagar cuantiosas sumas.
El hecho es investigado por los organismos judiciales y por la Fiscalía y es conocido como el carrusel de la educación en Córdoba donde se pagaron por ese concepto más de 300 mil millones de pesos y a juicio del mandatario se hacía con la complicidad de funcionarios judiciales.
Otra de las ‘perlas’ de corrupción tiene que ver con el fraude en resoluciones de jubilación, el cobro de sueldos por parte de profesores que no laboran, el desvío de los recursos de impuesto de rodamiento, entre otros.
Instrumentos públicos
El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, denunció formalmente el fraude detectado en las oficinas de Cereté y Lorica donde se ‘desaparecieron’ 1.300 millones y 400 millones respectivamente.
Ante esa situación el funcionario anunció investigación en las mismas oficinas de los municipios Montería, Ayapel, Chinú y Sahagún con el fin de establecer si también hay desfalcos.
Cabe anotar que por el pago de trámites a la oficina de instrumentos le corresponde el 0,5 por ciento del valor del bien y a la Gobernación el uno por ciento, pero esta última cantidad no era girada en su totalidad a las arcas del Departamento.
La irregularidad se detectó cuando se empezaron a revisar los ingresos de las oficinas de instrumentos y las de la Gobernación las cuales no coincidían.
En el caso de Cereté la encargada de la oficina reconoció que todos los meses tomaban ‘prestado’ un dinero para repartirlo entre todos los empleados. En el caso de Lorica su representante ha guardado silencio.
Regional
En 2013 deberán resolverse los líos judiciales más sonados en Córdoba
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